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La CNC investiga a Telefónica por poner trabas a las bajas de las empresas
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga si Telefónica ha incurrido en una posible práctica anticompetitiva consistente en la aplicación de determinadas condiciones de permanencia en la prestación de servicios de telefonía móvil.
Los presuntos perjudicados serían clientes empresariales —sobre todo a autónomos y pymes— que verían restrigidas de forma injustificada las posibilidades de cambio de proveedor de servicios de telefonía móvil. Por ello, el organismo supervisor ha incoado un expediente sancionador contra la empresa que dirige César Alierta.
La investigación de esta conducta se inició de oficio después de que la CNC apreciara la existencia de condiciones de permanencia en determinados contratos de prestación de servicios de telefonía móvil que atentarían contra la libre competencia. «Del análisis de la información recabada —afirma el supervisor en un comunicado— puede afirmarse que existen indicos racionales de la comisión por parte de Telefónica de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia».
Resultado
La apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. A partir de ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción de la causa y para su resolución final, que tiene que ser tomada por el Consejo de la CNC.
Por otra parte, Telefónica hcomunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha vendido su 13,2 % de participación en la empresa de satélites Hispasat a Abertis y Eutelsat por un importe global de 124 millones de euros y con una plusvalía de entorno a los 47 millones.
La operación, que había sido anunciada hace casi un año, se ha cerrado tras la autorización del consejo de ministros del pasado 28 de diciembre. Abertis Telecom ha adquirido 23.343 acciones (7,2 %) por un importe total de 68 millones de euros y Eutelsat Services & Beteiligungen las 19.359 restantes por 56 millones de euros, aunque esta última operación sigue pendiente de la autorización de la inversión extranjera prevista en la legislación.