El Ejecutivo socialista «contravino» la Constitución en el indulto a Sáenz
El Tribunal Supremo acusó ayer al anterior Gobierno de «contravenir» la ley y la propia Constitución en la concesión del indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander. La sentencia conocida ayer anuló las consecuencias administrativas de la medida de gracia y mantiene la inhabilitación del banquero, lo que compromete su futuro. Sáenz anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional por posible infracción del derecho de igualdad y a la tutela judicial efectiva.
El fallo, dictado por nueve magistrados y cuyo ponente fue Carlos Lesmes, señaló que «la prerrogativa de indulto supone una intromisión del Ejecutivo en los resultados de un proceso penal seguido con todas las garantías y en el que se ha impuesto por los tribunales la consecuencia prevista en la ley para quien ha cometido un delito».
La sentencia añade que la medida de gracia «constituye una clara extralimitación del poder conferido por la Ley del Indulto al Gobierno» al pretender extender los efectos al ámbito administrativo, una decisión que ya criticó en su momento la Sala de lo Contencioso.
La razón es que las normas administrativas impiden ejercer el oficio bancario a quienes tengan antecedentes penales por delito doloso al considerar que carecen de la honorabilidad exigible por el Banco de España. Y, en el caso de Alfredo Sáenz, fue condenado a tres meses de inhabilitación para estas funciones.
Futuro
Así las cosas, la sentencia deja claro que la medida de gracia no ha borrado los antecedentes penales que pesan sobre Sáenz. Por lo tanto, el futuro del consejero delegado del Santander queda en manos del Banco de España, que tiene que decidir si puede o no continuar ejerciendo sus funciones.
No obstante, el Gobierno prepara un real decreto que regula los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito, y que podría beneficiar a Sáenz.