Adiós al IPC en contratos y tarifas de las administraciones públicas
No se puede decir que la actividad económica necesite precisamente una inyección de frío. Pero entre las pocas novedades del programa de reformas presentado por el Gobierno aparece la bautizada como ‘ley de desindexación’ de la economía española.
En palabras claras: se pretende decir adiós al IPC como referente en los contratos y tarifas de las administraciones. No hay mucha concreción de momento. Está previsto que el proyecto de ley se presente al consejo de ministros a finales de mayo de este año, de manera que pueda entrar en vigor en enero del 2014, el momento en que se actualizan la mayor parte de los precios.
Aunque limitada a «ingresos, gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las administraciones públicas», la eliminación de la referencia al IPC se abre camino en otros campos. En las pensiones podría ir incluída en el factor de sostenibilidad que pretende garantizar la permanencia del sistema. En la actualidad, la ley obliga a actualizar las pensiones con arreglo a la evolución de los precios de consumo, pero esta adecuación no se cumplió el pasado año. Documentos remitidos al Pacto de Toledo para estudiar eventuales cambios no se pronuncian por ningún procedimiento para drenar el gasto en pensiones.
Campos
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, trató de delimitar los campos. En su opinión, «hay que diferenciar dos planos». Con la aplicación del factor de sostenibilidad, precisó, «el marco de las pensiones será muy específico a partir de su aprobación». Otras fuentes no descartaron este traslado. Por si hiciera falta para este u otro cometido, el Insitituto Nacional de Estadística hace ya meses que elabora un IPC a impuestos constantes, que resulta significativamente más bajo que el general. No tiene en cuenta, por ejemplo, el efecto de la última subida del IVA sobre precios finales.
De momento, la aspiración de este proyecto trata de evitar, según medios del Gobierno, que las alzas de materias primas o de componentes de bienes y servicios desencadenen efectos de segunda vuelta, es decir, que se encadenen unas subidas a otras hasta provocar aumentos indeseados en el proceso de formación de precios de la producción española.