Acusan a Díaz Ferrán y a sus socios de usar su fortuna oculta

Dos años después de declararse el concurso de acreedores del Grupo Marsans (a finales de junio de 2010) y 17 meses más tarde de que la Audiencia Nacional abriera diligencias penales contra sus máximos responsables, Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la compañía y de la Ceoe, y su socio Angel de Cabo, conocido liquidador de empresas, seguían aprovechándose del patrimonio que fueron ocultando de forma progresiva hasta su detención el pasado 3 de diciembre.

Así lo admite el juez instructor del caso, Eloy Velasco, en una resolución, por la que ordena la administración judicial de hasta 35 sociedades que han venido utilizando para «esconder» sus activos reales a los acreedores. Para Velasco existen «numerosos indicios» que apuntan a que «en su día concertaron un plan con fines presuntamente fraudulentos», cuyo fin era «alzar y ocultar bienes desde junio de 2010», es decir, desde el momento en que las acciones del grupo turístico fueron traspasadas a De Cabo. El fin en todos los casos era «detraer patrimonio y dinero que, en vez de destinarse a solventar las deudas con sus acreedores, se dirigieron a su beneficio particular», lo que en opinión del instructor podría haber constituido un delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible.