Los pensionistas perderán un 28% de poder adquisitivo, según los sindicatos
El Ejecutivo aprueba el anteproyecto de ley que cambiará el cálculo de las prestaciones.
Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La confrontación entre el Gobierno y los sindicatos por la reforma de las pensiones es ya un hecho. Hasta ahora las centrales habían modulado su oposición a la propuesta del Ejecutivo para cambiar el cálculo de las prestaciones que cobrarán los pensionistas: el índice de revalorización de las pensiones ya no se calculará conforme al IPC, al tiempo que se incluye un factor de sostenibilidad que liga su evolución a la de la esperanza de vida. Ayer el Gobierno dio un paso más en la tramitación de la nueva ley, al aprobar el anteproyecto para su remisión al Consejo Económico y Social.
Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, este sistema de cálculo supone que «en España nunca más se van a congelar las pensiones, como hizo el PSOE». UGT recuerda que, si bien es cierto que las pensiones nominales siempre subirán, el nuevo índice de revalorización «tampoco impide el peligro cierto de que los pensionistas pierdan poder adquisitivo», que cifran en hasta un 28% a lo largo de 15 años. UGT y CC OO consideran que la propuesta del Ministerio de Empleo no introduce modificaciones «relevantes» respecto al contenido básico del texto presentado por el Comité de Expertos, y que sólo servirá para «empeorar» el nivel de vida de los pensionistas. Además, sienten que el Gobierno faltó a su palabra de sacar adelante la reforma con el máximo consenso y diálogo posible. Ambos sindicatos se quejan de que, durante la reunión mantenida ayer con el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, no se les presentó «ningún documento». «Por primera vez los agentes sociales desconocemos qué es realmente lo que está aprobando el Consejo de Ministros», denunció la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, al término de la cita, que se celebró casi en paralelo a la reunión ministerial.
El anteproyecto de ley contempla un nuevo índice de revalorización de las pensiones, que tendrá en cuenta la evolución del número de pensionistas, el crecimiento de los ingresos nominales, el déficit o superávit del sistema de la Seguridad Social, la tasa de sustitución de las pensiones y la velocidad de ajuste.
La segunda gran pata de la reforma es el factor de sostenibilidad, que comenzará en 2019, y que liga la evolución de las pensiones a la de la esperanza de vida. «Con salarios y cotizaciones iguales un jubilado de ahora puede cobrar la misma pensión que cobrará su hijo o su nieto», ha explicado la ministra.
Báñez destacó que esta reforma es la «más importante» de las aprobadas por el Gobierno en lo que va de año, y que aportará «tranquilidad y confianza» tanto a los actuales pensionistas como a los futuros. «Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van ser los pensionistas del mañana», proclamó.