Incertidumbre en el canal de Panamá tras romperse las negociaciones
Las autoridades locales acusan al consorcio de Sacyr de paralizar las obras.
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (APC), Jorge Quijano, durante la rueda de prensa que ofreció ayer.
La incertidumbre ha vuelto a adueñarse de las obras de ampliación del canal de Panamá, después de que en la mañana de ayer se rompieran de forma oficial las negociaciones entre las autoridades locales y el consorcio que encabezan la constructora española Sacyr y la italiana Impreglilo. Las autoridades locales son las que deben mover ficha ahora, sin que hayan dado pistas sobre cuál será su determinación.
«Iniciamos un cuidado proceso de toma de decisiones y en el momento más indicado, con una cabeza muy fría, hablaremos», decía el administrador de la Autoridad del Canal (ACP), Jorge Quijano. Y, mientras tanto, ¿qué? Pues según fuentes de ambas partes, las obras proseguirán, aunque un ritmo claramente inferior, tanto que el consorcio ha sido acusado de paralizarlas, a lo cual alega que sólo ha habido una ralentización de turnos por los problemas de liquidez denunciados.
Oficialmente, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) insiste en que el proyecto ya está ejecutado en «más de un 70%» y que las nuevas compuertas (el tercer juego de exclusas que está construyendo) será entregado este año conforme al contrato, si bien la conclusión de todas las obras se demoraría hasta el verano del próximo año. Claro que eso será, advierte, si se solventa el problema de la financiación «adicional» necesaria para «culminar la obra».
Abismo financiero
Y es que el abismo que parece separar ambas partes es casi exclusivamente financiero: las empresas reclaman 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) como sobrecostes que, esgrimen, deberían ser financiados «en su totalidad» por la ACP. No obstante, en aras a «la buena fe» y para alcanzar una solución «equilibrada», el GUPC ofreció compartir esas cargas.
En concreto, las autoridades panameñas tendrían que poner 100 millones de dólares y, aparte, abonar con urgencia otros 50 millones correspondientes a las certificaciones de obras de diciembre (los trabajos se pagan a mes vencido) que destinarían al pago de subcontratistas y a las nominas de los trabajadores. Asimismo, deberían aplazar su reclamación de que el consorcio les devuelva ya los 785 millones de dólares (unos 580 millones de euros) que le ha ido abonando en pagos anticipados por el proyecto. El problema es que las empresas quieren que esa prórroga se alargue hasta 2018 —en un principio reclamaban no retornar el dinero hasta que no se resolvieran los arbitrajes por todas las reclamaciones cruzadas entre las dos partes-, y la ACP—no está dispuesta a ir más allá del final previsto de las obras: junio de 2015.