Los propietarios de vivienda, los ‘paganos’ de la posible reforma fiscal

Si hay un elemento en el que la ‘Comisión Lagares’ propone una revolución impositiva y que afecta a millones de ciudadanos es la vivienda. De llevarse adelante el nuevo diseño supondría una elevación de la carga impositiva de los que poseen vivienda habitual u otros inmuebles. En España existen 77 millones de inmuebles, según consta en el informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario. Además, el 83% de las familias españolas -alrededor de 13 millones- tiene vivienda propia, y un 36% de los hogares tiene una segunda residencia, según los datos del Banco Central Europeo publicados este año. Es decir, cualquier decisión fiscal sobre la vivienda tiene una incidencia en casi la totalidad de los hogares.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha sido el único impuesto -además de la rúbrica ‘otros impuestos indirectos’- que en 2012 mostró un aumento de recaudación respecto al que había antes de la crisis, en 2007. En 2012, el IBI recaudó 10.739 millones de euros, un 47,8% más que en 2007. Por hacerse una idea de su peso, a través del IBI se ingresó casi la mitad de lo recaudado por el Impuesto sobre Sociedades (22.277 millones) en 2012. Por el contrario, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sí ha notado el hundimiento de la venta de viviendas y ha bajado un 66,7% sus ingresos.

En esta situación, la ‘Comisión Lagares’ plantea una reforma radical en el tratamiento fiscal de la vivienda a imagen y semejanza de lo que existe en los países anglosajones. Así, propone incrementar la imposición a través del IBI acercando los valores catastrales a los de mercado (ahora representan menos del 50% del valor de mercado) y actualizarlos automáticamente cada año y no cada década como ahora. En la actualidad, la tributación del IBI no es homogénea ni guarda equidad porque el valor catastral presenta una enorme dispersión en función de si se actualizó antes, durante o después del boom inmobiliario. Las revisiones anuales que plantea la Comisión serían públicas y todo el mundo podría conocer a través de Internet el valor que se adjudica a su casa.

No obstante, como el cambio del sistema llevaría varios años, mientras se hace la reforma, la Comisión propugna que se tenga que tributar en el IRPF por la renta presunta que se adjudica a la vivienda habitual (en la actualidad sólo se aplica una renta presunta por las segundas viviendas).