Todos los sectores tratan de influir en los cambios del sistema tributario
«Vamos a bajar los impuestos». Ese es el mantra repetido por el Gobierno sobre la reforma fiscal que aprobará probablemente el próximo viernes. Sin embargo, no han trascendido detalles de lo que prepara el Ejecutivo más allá de algunos anuncios limitados -rebaja del tipo de Sociedades del 30% al 25% en dos fases y reducción de siete a cinco tramos en el IRPF-. Por contra, los organismos internacionales, el Banco de España, la patronal, los sindicatos y casi cualquier sector económico han hecho públicas sus preferencias, su reforma fiscal ‘a la carta’, con grandes discrepancias y algunos puntos en común como la necesidad de mantener o aumentar la recaudación y la lucha contra el fraude. A partir de los enunciados coincidentes, las fórmulas para lograrlo varían radicalmente.
El 14 de marzo la comisión para la reforma fiscal presidida por Manuel Lagares presentó al Gobierno su informe de más de 400 páginas. Desde entonces, numerosos colectivos han presentado su propia reforma, conscientes de que se trata de uno de los pilares básicos sobre los que asentar la todavía insuficiente y débil recuperación económica. Entre las propuestas alternativas y más distantes a la elaborada por la comisión de expertos se encuentran las realizadas por los sindicatos. Bajo la premisa de simplificar los impuestos y aumentar la recaudación las centrales apuestan por una mayor redistribución de las cargas fiscales entre las rentas del trabajo y el capital. En el debate de subir o bajar el IVA desde CC OO apuestan por una reclasificación pero a la baja.
Uno de los principales caballos de batalla de la patronal tiene que ver con el descenso de las cotizaciones sociales. «Hay un compromiso del Gobierno de rebajarlas», recuerda Pilar González de Frutos, presidenta de la Comisión Fiscal de CEOE y vicepresidenta de la patronal. Esta medida ya está contemplada en el informe Lagares, aunque vinculada a un incremento del IVA. La CEOE también pide una serie de medidas de carácter no recaudatorio que facilite la actividad del tejido empresarial.