Fianza civil de 16 millones a Blesa y tres millones a Rato por las tarjetas B

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso ayer una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, y otra de tres millones a su sucesor en el cargo y luego presidente de Bankia, Rodrigo Rato. A ambos les acusa de un delito continuado de administración desleal y les hace los principales responsables del perjuicio causado a las arcas de la entidad con los 15,5 millones de euros que se dilapidaron entre 2003 y 2012 a través de las llamadas tarjetas B (‘Black’) entre 2003 y 2012.

Con esta medida, adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —máximo accionista de Bankia y personado como acusación particular en el caso Bankia—, avala también los indicios existentes sobre su presunta responsabilidad penal en este caso por «abusar de las funciones propias de su cargo». Y todo ello sin tener en cuenta aún ni la posible existencia de un fraude fiscal —que dependerá de las conclusiones que alcance la Agencia Tributaria tras la investigación que inició días atrás— ni tampoco de un delito societario de falsedad —pendiente en este caso de lo que determinen los peritos del banco de España sobre la posible manipulación de las cuentas de la caja de ahorros—.

Tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato —que declararon en la tarde de ayer en calidad de imputados junto a su antiguo ‘número dos’, Ildefonso Sánchez Barcoj— tienen ahora de plazo hasta el miércoles próximo para cubrir dichas fianzas, que incluyen tanto su posible responsabilidad pecuniaria por este caso como las multas que se les pudieran imponer (que superarían en un 25% el perjuicio causado a la caja) en caso de ser condenados. De no poder hacerlo —extremo probable dada las sumas millonarias impuestas—, el juez iniciaría los trámites para embargar su patrimonio en la cuantía necesaria

Gastos sin control

Durante sus declaraciones respectivas —que apenas se prolongaron una hora en cada caso—, Miguel Blesa, presidente de la caja de ahorros entre 1996 y 2010, e Ildefonso Sánchez Barcoj, que estuvo 34 años en diferentes cargos hasta que se convirtió en su ‘mano derecha’, coincidieron en señalar que el uso de las tarjetas B era un «viejo sistema» que se remontaba a los años 80 (es decir, al menos, a la época de su antecesor, Jaime Terceiro) y cuyo fin era «compensar» a altos cargos por los gastos que asumían «en función de sus labores profesionales», apuntaron las fuentes citadas. «Era la costumbre establecida», coincidieron, aunque algunos acusaciones estiman que tratan de confundir las tarjetas normales de empresa con las otras.

No obstante, al ser preguntados por qué entonces aparecían en sus listas de cargos con las tarjetas conceptos que poco tenían que ver con ello —desde costosos viajes al extranjero y compras en grandes almacenes hasta importantes retiradas de efectivo—, ambos dijeron que en la medida que estaban consideradas como un complemento salarial no había un control estricto de ello salvo el límite anual de cada una. De hecho, en otro momento de su declaración no dudaron en afirmar, pese a lo dicho por algunos ex consejeros de que sólo se destinaban a gastos de representación, que en realidad eran de «libre disposición» y se registraban como retribuciones en especie. Los únicos topes que había por ejercicio oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 anuales y según Blesa, los «detalles técnicos» sobre su disposición correspondían a sus subordinados.