Los dos ex máximos responsables de CCM, en el banquillo
Las irregularidades detectadas dieron lugar a la intervención de la entidad.
El ex presidente de CCM, Hernández Moltó y el ex director general Ortega.
Tras cuatro años de investigación, la Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que los dos principales ejecutivos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la primera entidad financiera española que tuvo que ser intervenida -y luego nacionalizada hasta su posterior venta a Cajastur (del grupo Liberbank)- durante la crisis, fueron los grandes responsables de las distintas irregularidades que se cometieron en ella y que desembocaron en su intervención forzosa el 28 de marzo de 2009, la cual conllevó luego su rescate con 9.000 millones de euros de las arcas públicas.
Juan Pedro Hernández Molto, ex presidente de la caja y también ex diputado del PSOE, junto a su entonces número dos y director general de la entidad, Ildefonso Ortega, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados -el juicio podría celebrarse a mediados de 2015- para responder por sendos delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas. La Fiscalía Anticorrupción sólo les acusaba por el segundo pero el juez instructor del caso, Pablo Ruz, ha ampliado su imputación tras atender las demandas formuladas por la acusación particular que ejerce el actual Banco de Castilla-La Mancha y la acción popular que representa la asociación de usuarios bancarios Adicae.
Aunque el agujero de CCM fue cuantificado en 253,8 millones de euros por el Banco de España tras su rescate, en el auto de apertura de juicio oral conocido ayer el magistrado reduce la fianza civil que ha ordenado para ambos de forma solidaria a 138,2 millones. La novedad, no obstante, es precisamente su imposición -da a los dos acusados un plazo de 10 días para cubrirla o, en el probable caso de que no pudieran hacerlo, iniciaría los trámites para embargar sus bienes en una cuantía suficiente- dado que el Ministerio Público había desechado tal posibilidad al limitar su responsabilidad a realizar una «maniobra contable» para presentar de forma ficticia un beneficio anual de 30 millones de euros en 2008, en vez mostrar las pérdidas de 182 millones que realmente tuvo la caja de ahorros.
Para el juez instructor, sin embargo, las irregularidades presuntamente cometidas por ambos van más allá dado que abusaron de conceder créditos sospechosos donde existía una «notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación» y, además, con «manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos». Sus beneficiarios fueron varias inmobiliarias.
El magistrado, pese a todo, estima finalmente que ni uno ni otro obtuvieron una «compensación económica como contraprestación a supuestos tratos de favor» dado que no ha encontrado constancia de la misma.