El rescate de las autopistas de peaje que deseaba Fomento sigue atascado
La deuda que está en manos de la banca extranjera deja las negociaciones en un punto de difícil solución.
Uno de los principales temas que la ministra de Fomento, Ana Pastor, quiso abordar esta legislatura -así lo anunció en marzo de 2012- lleva visos de terminar donde se lo encontró, es decir, metido en uno de los cajones de su departamento. Tras año y medio de negociaciones -la primavera pasada se llegó a pensar incluso que el acuerdo estaba muy próximo-, el llamado rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra está claramente atascado y parece que así continuará ‘sine díe’.
Y es que las constructoras y concesionarias de las vías -en algunas participan aquellas y la banca-, los actores implicados que parecen tener más interés en alcanzar una solución pronta, son precisamente los que menos capacidad de presión tienen en este tema. Su advertencia de que la alternativa al rescate, la activación de la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), tendría un impacto superior para las arcas públicas no coincide para nada con los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Según Seopan, la patronal de las grandes constructoras, en caso de que se terminaran liquidando las nueve vías de pago ya inmersas en concurso de acreedores la factura final para el Estado ascendería a 5.000 millones de euros, mientras que en Fomento sitúan dicha suma cerca de los 3.300 millones. En cualquier caso, y esa es la ventaja con la que juega el Gobierno, habrá que restar a la RPA el coste de las indemnizaciones por la expropiación de los terrenos donde se construyeron las autopistas. La cantidad final aún está pendiente de resolver por el Tribunal Supremo, aunque estaría entre los 2.300 y los 2.500 millones frente a los 400 que estimó el gobierno de la época.
La negociación a tres bandas (Gobierno, constructoras y concesionarias, además de banca acreedora) se encuentra en un punto muerto de difícil solución y el principal problema es dar salida a la deuda en manos de entidades financieras extranjeras.
La pretensión del departamento que dirige Pastor era que la banca nacional asumiera esa parte. Las entidades españolas no están muy convencidas y buscan una compensación extra aún por concretar.