Aprueba la cartera de servicios comunes de las oficinas autonómicas de empleo
El Gobierno exigirá que los profesionales comiencen a orientar de forma personalizada a los parados.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se establece la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo, previsto en la Estategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, y que persigue garantizar la igualdad de acceso a estos servicios de todos los ciudadanos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que en dicha estrategia ya se establecieron una serie de objetivos comunes y un sistema de evaluación para todos los servicios de empleo de las comunidades autónomas.
Lo que se regula con el Real Decreto de ayer es el marco común de servicios para conseguir estos objetivos, que podrá ser ampliado por cada administración autonómica que lo considere necesario.
Según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, esta cartera de servicios supone el establecimiento de «un lenguaje común para todas las comunidades autónomas que sirva para ser más eficientes y medibles».
Concretamente, la cartera establece un total de cuatro ejes de actuación que comienzan con la orientación profesional a los desempleados desde la elaboración de perfiles individualizados y el asesoramiento personal sobre las tendencias del mercado laboral.
Asimismo, los servicios autonómicos de empleo ayudarán en las labores de intermediación y emparejamiento de ofertas y demandas de empleo, asesorando para ello a las empresas.
Por otro lado, el Real Decreto prevé que los servicios autonómicos de empleo ayuden también en el ámbito de la formación, incluyendo el desarrollo de la cuenta de formación asociada a la de la Seguridad Social, que tendrá certificada toda la formación del trabajador. Finalmente, otro de los servicios comunes previstos es el asesoramiento en el ámbito del emprendimiento y el autoempleo.
La ministra de Empleo señaló que este Real Decreto es «un paso más» en la modernización de los servicios públicos de empleo, para garantizar su eficacia. «El problema no es de recursos», dijo, para recordar a renglón seguido que entre 2008 y 2011 se dispusieron más de 30.000 millones de euros para políticas activas de empleo, sin lograr frenar el desempleo.