El antecesor de Blesa sugiere que ‘compró’ voluntades al frente de Caja Madrid

Jaime Terceiro, que estuvo al frente de Caja Madrid entre 1988 y 1996, reforzó el pasado viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la sospecha creciente de que su sucesor, Miguel Blesa, abusó de forma discrecional de las subidas salariales en la cúpula de la entidad de ahorros para asegurarse su apoyo cerrado. Es más, sostuvo que se cambiaron las «férreas normas» de su etapa para permitir que hubiera fraudes ‘a la carta’.

Durante su comparecencia como testigo, según distintas fuentes presentas en la misma, el veterano economista situó el origen de los males posteriores de la caja en «un pacto escrito entre un partido político (PP) y un sindicato (CC OO)», al que luego se apuntaron otras formaciones políticas y agentes sociales. Todo ello, añadió, condujo a «una disparatada política de gestión del riesgo» que dejó a Caja Madrid en una situación crítica a finales de 2009 -prácticamente en quiebra técnica, según los peritos judiciales-, un año antes de la fusión que dio origen a Bankia.

Aunque para llegar a ese abismo, Terceiro señaló que se tuvieron que dar dos condicionantes. De un lado, que su sucesor «multiplicara por más de 20 veces las retribuciones de los consejeros», lo que a su vez «suponía el mejor mecanismo para asegurar su falta de independencia». Así, se pasó de unos 9.000 euros al año como máximo en su época a una cantidad de entre «200.000 a 500.000 euros anuales en 2009».

Con esta aparente ‘compra’ de voluntades que sugirió en su declaración, el ex presidente de Caja Madrid no ve extraño que Blesa pudiera hacer y deshacer a su antojo sin apenas reproches internos a su gestión. «En una institución financiera hay varias áreas clave -explicó-, aunque cabe destacar la financiera y de riesgos, la de control interno y la de planificación estratégica». «Pues bien -añadió con ironía-, sus tres responsables fueron cesados a las pocas semanas de presentar mi dimisión».

Terceiro hiló este barrido de su antiguo equipo con la permisibilidad que hubo luego con las tarjetas de crédito en la caja y, en concreto, el abuso que se produjo en las ‘Black’ (con las que, al menos, se dilapidaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012). «El problema no fue la utilización en sí -señaló al instructor del caso Bankia-, sino el mal uso que se hizo», «algo incomprensible» que fue posible porque los procedimientos de control «heredados» de su etapa «fueron dañados posteriormente».