Bruselas desvela que España tiene 52 pactos fiscales poco éticos con empresas
Europea obligará a los países miembros a compartir sus acuerdos con las multinacionales a partir de 2016.
La Europa de la Unión Económica y Monetaria, la misma que supo concebir la Unión Bancaria hace ya algunos meses, sigue, por contra, demasiado lejos de la Unión Fiscal, el eslabón de la cadena que todavía queda por ensamblar en la maquinaria de la UE.
Hablar de impuestos, de fiscalidad común, son palabras mayores y muy pocos países están por la labor de ceder una de las escasas grandes competencias nacionales que les quedan. No hay que olvidar, además, que muchos Estados miembros hacen de la cuestión fiscal su razón de ser en lo referido, por ejemplo, a la ventajosa tributación de las grandes multinacionales. Léase Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Bélgica, Reino Unido… Pero también España, porque según los datos desvelados ayer por la Comisión, nuestro país es uno de los más activos de la UE a la hora de cerrar pactos con grandes firmas. Legales, eso sí, pero quizá no demasiado éticos. De los 545 registrados hasta finales de 2013, España sumaba 52.
Se trata de los ‘tax rulings’, acuerdos firmados por las Haciendas estatales con grandes empresas para pactar una tributación a la carta. Algo así como ‘dime qué quieres pagar y te diré cómo hacerlo’. Una práctica legal, pero muy opaca, que en noviembre saltó por los aires al filtrarse que Luxemburgo había alcanzado durante años cientos de pactos ‘ad hoc’ con gigantes internacionales como Pepsi, Ikea, Burberry, Amazon, Disney o Skype. El llamado ‘Luxleaks’ desveló que estas empresas pagaban en algunos casos apenas el 1% del Impuesto de Sociedades cuando el tipo nominal rondaba el 28%. Y todo de forma secreta, a espaldas de los otros 27 socios comunitarios. He aquí la iniciativa política de primer nivel que impulsó ayer la Comisión Europea.
El colegio de comisarios aprobó a instancias de su presidente, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, una propuesta legislativa para que, a partir del 1 de enero de 2016, las capitales estén obligadas a compartir esta información con sus socios. Y hacerlo, además, cada tres meses, para permitir a todos los países que puedan combatir mejor la elusión, una práctica de ingeniería fiscal que hace que las arcas públicas dejen de ingresar cada año del orden de 1 billón de euros —sí, con ‘b’ de barbaridad—.
«No toleraremos más a las empresas que evitan pagar su justa parte de impuestos ni los regímenes fiscales que permiten esos comportamientos. Debemos garantizar que el lugar donde las empresas logran realmente sus beneficios sea también el lugar donde se graven», insistió el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Ahora, la iniciativa deberá ser debatida por el Parlamento Europeo y por el Consejo (los países).
La propuesta ya puesta negro sobre blanco es fruto de una promesa del propio Juncker, quien cuando sólo llevaba unas horas al frente del Ejecutivo comunitario se desayunó con un escándalo fiscal de primera magnitud en el país que presidió durante casi dos décadas.