El Gobierno aparta de la gestión de la formación a sindicatos y patronal
Luz verde a un nuevo sistema que contará con una unidad de inspección especial.
La minsitra de Empleo, Fátima Báñez.
Sin consenso y con la vista puesta en los recientes casos de fraude. El Gobierno aprobó ayer la reforma del modelo de formación sin el apoyo de patronal y sindicatos. Una falta de acuerdo provocada por la inclusión en el decreto del punto que más molestaba a los agentes sociales: apartarles de la gestión de los fondos de estos cursos. En concreto, el manejo de los recursos económicos así como la impartición de estos programas de formación se adjudicará mediante «libre concurrencia competitiva». Esto significa que sindicatos y patronal ya no tendrán la exclusividad en la gestión y su papel quedará relegado a la planificación de los programas. El objetivo es, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dotar de «más transparencia» y calidad al sistema y evitar los casos de fraude que han salpicado a estas actividades en los últimos tiempos. A cambio de transmitir este mensaje se ha sacrificado el apoyo de los agentes sociales. Y es que, la CEOE ya había dejado muy claro que la gestión de los fondos era una línea roja en la negociación, máxime cuando contribuyen a ella con un 0,6% de su cuota de la Seguridad Social.
Y es que los casos de fraude han pesado mucho en esta reforma. Tanto que se crea una unidad especial dentro de la Inspección de Trabajo para detectar irregularidades y un nuevo régimen sancionador más duro que castiga con cinco años de inhabilitación en la administración pública en caso de fraude. «Se ha dialogado con las partes hasta la extenuación», aseguró Báñez en un intento de justificar la falta de consenso. De hecho, la titular de Empleo destacó que a lo largo del año «se han celebrado 50 reuniones» con sindicatos y patronal. Es más, la ministra insistió en que los cambios introducidos en el sistema de formación se producen tras un «largo e intenso diálogo con los agentes sociales» que permitió incorporar «muchas aportaciones de todos». En este sentido, Báñez subrayó que las empresas mantienen una importante «flexibilidad» ya que pueden elegir el impartir la formación directamente en su seno o a través de lo que se conoce como formación bonificada. Ahora bien, si en los últimos años se adelantaba la financiación de estas subvenciones directas a las empresa en un 100%, a partir de ahora solo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude. «La reforma del sistema de formación es buena los trabajadores porque aumenta la calidad de formación, es buena para las empresas, porque les permitirá mayor competitividad, y mejor para la sociedad porque introduce más control y transparencia, así como una evaluación permanente», explicó Báñez.
La reforma introduce la ‘cuenta de formación’ que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral y que certificará toda su formación. Además, se crea el ‘cheque formación’ para que pueda ser el desempleado quien elija la entidad de la que quiere recibir esos cursos. Asimismo se conocerán de forma pública las evaluaciones de estos centros.
En 2014 el actual modelo llega a más de cuatro millones de personas y es empleado por 475.000 empresas, con una inversión de 2.280 millones de euros. Sin embargo, Báñez subrayó que el sistema adolece de una planificación estratégica que asegure una formación continua de calidad de los trabajadores.