El Gobierno se blinda más ante futuras quiebras de concesiones

El Gobierno aprobará en las próximas semanas un nuevo blindaje frente a la quiebra de concesiones públicas de infraestructuras. Para ello restringirá un poco más la llamada responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), que se activa cuando hay que rescindir antes de plazo uno de sus contratos.

Esta nueva reforma de la RPA (la segunda en poco más de dos años), sin embargo, no tiene carácter retroactivo. De esta forma no se aplicaría ante la posible quiebra en cadena de las ocho autopistas de peaje que se encuentran ya en concurso de acreedores, sin que hayan podido sellar aún un convenio que garantice su continuidad futura.

Los cambios que quiere introducir el Ejecutivo a futuro -y que ayer estudió el Consejo de Ministros- limitarán su factura en el supuesto de que la anulación del contrato se deba a «causas imputables» a la propia concesionaria, entre ellas, la propia insolvencia del negocio o la entrada en concurso de acreedores. En estos casos sólo habría de responder por el valor real de las infraestructuras -bastante disminuido en algunos casos con el paso de los años- y no por todas las inversiones realizadas para su construcción.