La declaración de bienes en el extranjero está detrás de la investigación a Rato
Hacienda lo considera un elemento clave en la lucha contra el fraude fiscal.
La investigación a Rodrigo Rato por blanqueo, fraude y alzamiento de bienes. Los 715 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal y que también están siendo investigados por indicios de blanqueo de capitales. Los 124.000 millones de euros de contribuyentes españoles declarados en el extranjero en 200 países.
Todos esos casos tienen algo en común: el modelo 720. Pero ¿qué es exactamente? En realidad se trata de una declaración informativa de bienes en el extranjero que obliga a todos los contribuyentes con patrimonio fuera del país superior a los 50.000 euros a informar de él (aunque solo sean autorizados o propietarios de una parte de esa cuantía, basta con un 1%). Sin embargo, esta semana el Ministerio de Hacienda ha repetido hasta la saciedad la trascendencia de este modelo como fuente primordial de información para que la Agencia Tributaria detecte irregulares en los contribuyentes. De hecho, según la versión que ofreció el ministro Cristóbal Montoro, este modelo permitió comparar lo declarado por quienes se acogieron a la amnistía fiscal para buscar incoherencias.
Eso fue lo que ocurrió con Rato y otros 714 contribuyentes. El éxito de la declaración de bienes en el extranjero se basa, principalmente, en el severo régimen sancionador. Tanto es así, que ha provocado que la Comisión Europea estudie si vulnera el derecho comunitario.
Desde hace dos años
El modelo 720 se implantó en 2013 después de la fallida amnistía fiscal (solo se recaudaron 1.200 millones de los 2.500 previstos). Si, en teoría, la amnistía era la zanahoria para los defraudadores, la declaración de bienes hacía las veces de palo. Y es que la sanción por no presentar la declaración o hacerlo con errores u omisiones supone 5.000 euros por dato o grupo de datos errado, con un mínimo de 10.000 euros por cada grupo de bienes. Si se presenta, pero fuera de plazo la cantidad se reduce a 100 euros por dato. Pero además, Hacienda puede considerar que los bienes en el extranjero son ganancia patrimonial no justificada e imputarla en el IRPF a su gravamen correspondiente. E incluso llegar a una sanción adicional del 150% sobre la cuota tributada.
«Las consecuencias por un mínimo error son enormes y monstruosas», explica el abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, uno de los despachos que ha presentó una denuncia en febrero de 2013 ante la Comisión Europea por lo que consideran una «vulneración» de los derechos comunitarios por la «desproporción de las sanciones» y la imprescriptibilidad de los bienes declarados. Es decir, que los contribuyentes tienen que informar de un patrimonio que, por ejemplo, no hubiesen declarado en su momento y que el delito o la sanción estuviera ya prescrita pero que Hacienda obliga a tributar como ganancia patrimonial con la correspondiente sanción administrativa del 150% de la cuota.
Del Campo recuerda que el modelo 720 afecta a muchos ciudadanos británicos o alemanes que residen fiscalmente en España y que tienen propiedades en sus países de origen.