La Oficina contra el Fraude mantiene que Rato podría destruir pruebas
La directora de la oficina negó que hubiese una persecución contra Rato.
No hubo una «persecución» contra a Rodrigo Rato por razones políticas o de otra índole. Así, al menos, lo negó este lunes la directora de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas. Lo hizo ante el juez que investiga posibles irregularidades fiscales y de otro tipo supuestamente cometidas por el que fuera vicepresidente económico del Gobierno para ocultar su patrimonio real, por ser la inspectora jefe que firma la denuncia que Hacienda presentó el 15 de abril contra él.
Según fuentes jurídicas, el testimonio de García Valdecasas fue «eminentemente técnico» y tan solo se salió de esa línea para negar una supuesta «persecución» a Rato, como sostiene en privado el expolítico metido a financiero -dirigió el FMI para luego presidir Bankia, y antes Caja Madrid-, quien declarará como imputado en este caso el miércoles próximo. Para la Agencia Tributaria (AEAT), arguyó, su tratamiento fue «parecido» al de otros ciudadanos con la diferencia de una trascendencia mediática ajena al fisco y que sería achacable solo a su trayectoria.
La jefa de la ONIF, a preguntas de la Fiscalía y la defensa de Rato -que ejerce el bufete Baker & McKenzie, especializado en temas fiscales-, justificó la urgencia de los registros hechos el pasado 16 de abril en varios inmuebles de Rato en Madrid, además de su despacho profesional y el de un bufete de abogados en Sotogrande (Cádiz) -donde están domiciliadas varias de sus sociedades instrumentales-, en el «elevado riesgo» de que pudiera destruir pruebas. Era su principal preocupación, insistió, y por eso para elaborar su informe «tan solo se utilizaron fuentes de información internas» de la Agencia «al objeto de mantener el secreto de las actuaciones».
Haber requerido antes a Rato y su entorno la información necesaria -como, según la defensa, se hace en otras inspecciones a contribuyentes- «podría haber puesto en peligro» la investigación, a juicio de García-Valdecasas. Por eso, continuó, no se le pidieron ni las escrituras públicas otorgadas por el exministro, ni tampoco los movimientos de sus cuentas corrientes.