MEDIDAS DE AHORRO
Hacienda ordena a los altos directivos viajar en turista y en transporte público
La indicación, sólo para directivos de empresas estatales, se basan en la austeridad.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Cada vez es más habitual ver a responsables públicos ir a sus puestos de trabajo en bicicleta o metro para dar un menor uso al coche oficial. Un buen número de los nuevos alcaldes de las grandes ciudades elegidos en las pasadas elecciones locales dieron un empujón a esa estrategia de acercamiento a los ciudadanos. Ahora les llega el turno a los altos cargos de empresas públicas a quienes se les acaba el ‘business’, o al menos se les restringe. De hecho, deberán viajar en clase turista, optar por reuniones con videoconferencia para ahorrar costes y desplazarse en transporte público siempre que sea posible.
Estas son algunas de las indicaciones que recoge la orden elaborada por el Ministerio de Hacienda que se publicó ayerjueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Unas medidas con las que el departamento que dirige Cristóbal Montoro pretende regular los gastos de estos directivos bajo unos criterios generales de «austeridad, eficacia y transparencia» que considera «imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias». Y es que el Gobierno es consciente de que la crisis económica ha sensibilizado a la sociedad sobre el uso de los recursos públicos en épocas de recortes de manera que un viaje en ‘business’ puede convertirse en un foco de polémica de incalculables consecuencias. Sin embargo, estas nuevas medidas no afectan a miembros del Gobierno, que se rigen por otra normativa.
«Buena gestión»
En concreto, esta disposición complementa al decreto aprobado en 2012 sobre el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector empresarial y otras entidades públicas. Es decir, tres años después el Ejecutivo dio rango legal a las prácticas de desplazamiento, gastos de viaje y dietas. En cualquier caso, y en virtud de «criterios de buena gestión», la orden establece que se deberán tener en cuenta una serie de indicaciones entre las que destaca el uso preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como son, por ejemplo, las vídeoconferencias. En caso de viaje, la orden insta a restringir el número de personas al máximo de manera que no se muevan equipos enteros, además de fijar una estancia estricta que evite «antelaciones o prolongaciones injustificadas» de permanencia en destino.
Asimismo, la norma pide utilizar con carácter general los hoteles incluidos en el contrato suscrito de forma centralizada por la administración general del Estado o el Ministerio de adscripción —en teoría más económicos— y a planificar y gestionar anticipadamente los billetes para los desplazamientos para obtener los mejores precios. Por eso recomienda a los directivos recurrir al transporte público cuando el uso del vehículo particular no sea lo más económico y acogerse también a la tarifa turista en los viajes de avión o tren, «salvo casos excepcionales y justificados por la distancia hasta el lugar del destino o la duración del viaje».
En cualquier caso, estas medidas no son de carácter inmediato. De hecho, Hacienda da dos meses de plazo a las entidades del sector público estatal para adaptarse a la nueva directriz, lo que le valió importantes críticas. De hecho, la oposición denunció lo que consideró una nueva medida «electoralista».