Uno de cada cuatro contratos de tipo temporal dura menos de siete días
La temporalidad de cortísima duración aumenta el 64% durante la crisis.
El 22,5% de los contratos que se hacen cada mes –la cuarta parte si se compara sólo con los contratos temporales- dura menos de siete días y su peso sobre el total no ha dejado de crecer desde que comenzó la crisis. En 2007 sólo representaban el 13,7% del total de contratos, lo que significa que ha aumentado un 64% en estos ocho años, según un estudio realizado por UGT sobre datos de la Seguridad Social. El secretario de Acción Social del sindicato, Toni Ferrer, subrayó ayer que se ha producido un aumento de la precariedad en el empleo debido a la temporalidad, en este caso de muy escasa duración, y al trabajo a tiempo parcial.
De cada cien contratos que se firman cada mes, 93 son temporales y sólo 7 indefinidos. Eso no quiere decir que el 93% de los trabajadores ocupados sea temporal, pero sí que hay un colectivo de alrededor de un tercio del total que encadena contratos temporales uno tras otro. Y la situación se ha agravado porque antes de la crisis hacían falta siete contratos temporales para crear un empleo indefinido y ahora son necesarios diez contratos temporales.
La precariedad de los contratos de menos de siete días se ha extendido a sectores y actividades de alto valor añadido. Según explicó Ana Viñas, del gabinete técnico de UGT, el 27,5% de los contratos en la industria manufacturera es de corta duración (inferior a siete días); el 25,2% en el área de información y comunicaciones; el 23,8% en actividades sanitarias y de servicios sociales; y el 19,7% en actividades profesionales y científicas, con datos correspondientes al mes de julio de este año.
Para evitar el abuso (los típicos contratos donde la empresa da de baja al trabajador el viernes por la tarde y le vuelve a dar de alta el lunes por la mañana para ahorrarse cotizaciones y sueldo por el fin de semana), en 2001 se estableció una sobrecotización del 36% sobre los contratos que duran menos de siete días -excepto interinos y actividades agrarias- que año tras año es nuevamente aprobada por orden ministerial. En una reunión con la Seguridad Social celebrada en septiembre, UGT demandó información para saber si se estaba pagando este recargo del 36%.