El PSOE promete derogar la reforma laboral y subir el SMI a 1.000 euros
El programa electoral incluirá un plan de choque para formar a 700.000 jóvenes.
Sánchez, ayer, presentando el plan del PSOE.
A poco más de dos meses para las elecciones generales, los partidos políticos ultiman sus programas electorales. El PSOE utilizará como uno de sus estandartes las medidas laborales que adoptará si gobierna la próxima legislatura. El primer decreto a aprobar sería una «voladura» parcial de la reforma laboral del Partido Popular, pero descarta tocar las indemnizaciones o condiciones del despido en un primer momento.
Lo que sí modificaría nada más llegar al Gobierno sería el modelo de negociación colectiva para dar más poder a los sindicatos, ya que considera que ahora está desequilibrado en favor del empresario. También anulará todos los modelos de contratación para dejar sólo tres: indefinido, temporal y de formacion. El contrato temporal se limitaría a un año, aunque podría ampliarse a dos a través de la negociación colectiva y se establecerían topes de temporalidad por sectores (la hostelería podría tener un porcentaje de temporalidad más alto que el automóvil, por ejemplo); y se penalizaría con mayores cotizaciones a la empresa que superara los límites de temporalidad de su sector.
Los detalles
El PSOE vuelve a prometer subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros al mes en un plazo de ocho años, es decir, para 2023. Esa cantidad es el 60% del salario medio neto en España y es la recomendación de la Carta Social Europea. Esta promesa electoral ya la hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 con un horizonte temporal de alcanzarlo en 2016. En la actualidad, el SMI está en 648 euros al mes por lo que supone un incremento del 54%. La secretaria de Empleo del PSOE, Mª Luz Rodríguez, aseguró que esta subida salarial «no preocupa a los empresarios».
Recupera igualmente el compromiso de un permiso de paternidad de cuatro semanas —ahora está en dos y fue el Gobierno socialista el que impuso una moratoria para alcanzar las cuatro semanas— y promete ir progresivamente —sin especificar periodo— ampliándolo hasta las 16 semanas del permiso de maternidad. Pasar de dos a cuatro semanas tiene un coste de 200 millones de euros anuales. Asimismo, ofrece una prestación no contributiva de 426 euros a las mujeres demandantes de empleo durante las seis semanas siguientes al parto. Esta prestación la reciben en la actualidad sólo las mujeres trabajadoras, por lo que el año pasado quedaron fuera 130.000 mujeres. Su coste anual se incrementaría en 73 millones de euros.