El G-20 alerta de que la desigualdad social socava el crecimiento económico
Aprueba medidas de transparencia fiscal para que las multinacionales paguen sus impuestos.
Participantes en la jornada de clausura del G-20.
El atentado terrorista en París ha centrado la reunión de los líderes del G-20 en Antalya (Turquía), el contenido económico tradicional de estas cumbres ha quedado en un papel secundario, aunque se han sacado adelante el acuerdo fiscal y una alerta sobre la «creciente desigualdad» social, que puede «socavar las perspectivas futuras de crecimiento». «El aumento de las desigualdades en muchos países pueden presentar riesgos para la cohesión social y el bienestar de nuestros ciudadanos y también pueden tener un impacto económico negativo y dificultan nuestro objetivo de aumentar el crecimiento», señalan las conclusiones de la décima reunión anual del G-20. Una preocupación que se ve respaldada por la revisión a la baja realizada por la OCDE, al reducir del 3,3% al 2,9% su previsión de crecimiento mundial. El G-20 admite que la realidad económica está por debajo de las expectativas y advierte de los «riesgos e incertidumbres» en los mercados financieros y de los «desafíos geopolíticos» que amenazan a la economía.
El grupo de los 20 pide a los ministros de Trabajo y a los de Economía y Finanzas «revisar las estrategias de crecimiento y planes de empleo para fortalecer nuestra acción contra la desigualdad y en apoyo del crecimiento integrador». Además, reitera su compromiso de aplicar las políticas fiscales «con flexibilidad para tener en cuenta las condiciones económicas a corto plazo, a fin de apoyar el crecimiento y la creación de empleo».
Por otra parte, el G-20 aprobó el plan para luchar contra la erosión de bases imponibles practicada por las multinacionales y el traslado de beneficios con el fin de pagar menos impuestos (BEPS por sus siglas en inglés). Se trata de 15 medidas para cubrir los vacíos normativos a nivel internacional que permiten que los beneficios de grandes compañías se trasladen artificialmente a territorios de baja o nula tributación aunque las ventas se hayan producido en otros países. La OCDE y el G-20 llevan más de dos años trabajando en el BEPS y creen que ya es hora de que empiece a adoptarse. «Ha llegado el momento de implementar las medidas», aseveró el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. A partir del año que viene pueden firmarse los acuerdos entre los países para poner en práctica el proyecto BEPS. Entre otras medidas, las compañías con unos ingresos superiores a los 750 millones de euros deberán informar desde enero sobre los impuestos que pagan, sus activos y los trabajadores que tienen en cada país. España se ha adelantado y ya aplica esta norma. No obstante, las conclusiones del encuentro reconocen que el calendario de los estados no integrados en el G-20 puede ser distinto y se reafirma en lograr el intercambio automático de información para 2017 o 2018.