Blesa y Rato irán al banquillo por la trama corrupta de las tarjetas ‘black’
El instructor abre juicio oral contra 66 ex altos cargos del banco y Caja Madrid.
Los ex presidentes de Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, en dos imágenes de archivo.
El primero de los juicios por los desmanes cometidos en la etapa anterior de Caja Madrid y Bankia —la heredera de su negocio financiero— ya ha iniciado sus prolegómenos. El pistoletazo de salida lo dio ayer el magistrado Fernando Andreu al dictar auto de apertura de juicio oral contra un total de 66 personas, en su calidad de ex administradores y ex altos cargos de las dos entidades citadas, por su papel en la trama corrupta de las más que polémicas tarjetas ‘black’.
El juez instructor del caso Bankia —esta causa es una pieza separada de la investigación principal sobre la controvertida salida a bolsa del banco y las irregularidades que pudieron rodearla— sitúa a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los dos últimos presidentes de la caja de ahorros madrileña, como los principales responsables de todo. «Hubiera sido imposible hacerlo sin su participación», asevera con rotundidad. De igual modo, también juzga «necesaria» la colaboración que prestó el entonces director del comité de medios, Ildefonso Sánchez Barcoj.
A su juicio, «resulta meridianamente claro» que todos los acusados, en mayor o menor medida según su cargo y la confianza que el presidente de turno tenía en ellos, se aprovecharon económicamente de las referidas tarjetas de crédito (de la clase Visa Oro) y las dieron un uso «delictivo». La consecuencia es que entre 1999 —cuando se emitieron— hasta 2012 —tras anularse el sistema— se despilfarraron hasta 15,5 millones de euros por esa vía, si bien las reclamaciones han quedado limitadas a 12 millones dado que las operaciones comprendidas hasta 2003 quedaron ya prescritas.
Argumentos
En su resolución, el juez insiste de nuevo en los argumentos que ya empleó a finales de noviembre para convertir las diligencias previas sobre las ‘black’ en un procedimiento abreviado, paso último antes de una vista oral que podría celebrarse a finales de año según la agenda de trabajo que tenga la Sala de lo Penal. Así, considera que los hechos revisados y las actuaciones realizadas «ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad criminal» a las personas referidas antes como al resto de acusados que les acompañarán en el banquillo. El sistema urdido para utilizar las controvertidas tarjetas, apunta Andreu, resultaba claramente «opaco», tanto para Hacienda —que tras estallar el escándalo en octubre de 2014 abrió inspecciones a los beneficiarios que no las habían declarado— como en la propia entidad —pues se contabilizaban en una cuenta especial para disimularlas—. Y los gastos realizados con ellas, lejos de ser de representación o actividades profesionales como se aprobó inicialmente por el consejo de administración, resultaron ser «de carácter personal y propio».