Las empresas reducen un 13% el plazo de pago a proveedores

D. VAlera | Madrid

Las facturas en los cajones han sido una de las señas de identidad de la crisis que ha azotado a España y cuyas principales víctimas han sido las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Sin embargo, y aunque todavía está lejos de solucionarse, la evolución en los últimos cinco años ha sido dispar en función del sector que se examine. En concreto, la administración pública ha sido capaz de reducir hasta un 53,7% el tiempo de pago en cinco años al pasar de los 162 registrados en 2011 a los 75 de 2015. Unas cifras que contrastan con el estancamiento vivido en el mismo periodo en el sector privado, que sólo ha conseguido reducir en ese lustro un 13% su desfase. Así, ha pasado de los 98 días en 2011 a los 85 del año pasado, según los datos publicados este miércoles por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a un millón de empresas.

Régimen sancionador

De todas formas, en ambos casos incumplieron el límite legal previsto para pagar a los proveedores. De hecho, las empresas se excedieron en 25 días sobre el límite legal de 60 días. En el informe presentado, la Plataforma volvió a insistir en la necesidad de imponer un régimen sancionador para las compañías que sobrepasen el periodo máximo contemplado en la ley. Precisamente la ausencia de esta medida coercitiva es la que el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, considera la razón principal de que la senda de reducción de la morosidad en el sector privado se haya estancado.

En este sentido, Cañete recordó la promesa incumplida por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, sobre habilitar un listado de sanciones para castigar este incumplimiento. Un compromiso que sí está recogido, según señaló, en el acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos. También Podemos se ha mostrado favorable a este tipo de actuación. Sin embargo, Cañete explicó que no hace falta esperar a que haya un nuevo Gobierno para tomar medidas que favorezcan la reducción de la morosidad. Por ejemplo, destacó que hay algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, que a la hora de realizar una adjudicación penaliza a las empresas que exceden el periodo medio de pago. En cualquier caso, el dato del año pasado en el sector privado supone una reducción de cuatro días respecto a 2014, es decir, un 4,5%. Sin embargo, la Plataforma insistió en que es una disminución mucho más moderada si se compara con el 8,5% registrado en el sector público, que pasó de los 82 a los 75 días (el límite es 30 días).