Hacienda vigila el cumplimiento del déficit de CC AA y ayuntamientos
El departamento de Cristóbal Motoro ha reclamado por carta información fiscal.
david valera | madrid
El Ministerio de Hacienda no quiere que el bloqueo institucional surgido tras las elecciones implique un mayor descontrol de las finanzas públicas. Ni siquiera en apariencia. Por eso en los últimos días ha enviado varias cartas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en las que les reclama una serie de informaciones en cumplimiento con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En caso contrario, les advierte de la posibilidad de emplear medidas correctoras. De esta forma, el departamento que dirige Cristóbal Montoro vigila de cerca a las administraciones públicas con el objetivo de cumplir la senda de estabilidad y tranquilizar a la Comisión Europea, cada vez más preocupada por la inactividad política en España.
El Gobierno en funciones es consciente de que Bruselas está muy pendiente del posible desvío del déficit, sobre todo del autonómico. Son varios los avisos que destacados miembros del Ejecutivo comunitario han lanzado a España. Todos ellos insistiendo en la necesidad de realizar ajustes presupuestarios para cumplir con lo pactado, ya que prevén un desfase de ocho décimas (8.000 millones de euros) para el déficit de 2016. Para quitarse presión Hacienda trata de mostrar un mayor celo y ha elevado el tono en el control de estas administraciones. Hace unos días, el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó que España presentará a Bruselas antes de que concluya abril un plan específico para controlar a las comunidades. En ese sentido, el pasado viernes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió un requerimiento a cinco comunidades (Baleares, País Vasco, Cataluña, Aragón y Cantabria) por haber incumplido el plazo legal para remitir una serie de informaciones contempladas en la Ley de Estabilidad.
Esa vigilancia también se ha hecho extensible a las corporaciones locales. En concreto, Hacienda solicitó el lunes a más de 4.600 ayuntamientos y diputaciones un requerimiento de información económico-financiera que la Ley de Estabilidad Presupuestaria les obliga para cumplir con los «principios de transparencia y de lealtad institucional».