La auditora de las cuentas de Bankia se suma a los investigados

j. a. bravo | madrid

Prácticamente en el final ya de la instrucción del llamado caso Bankia, donde se empezó a investigar su polémica salida a bolsa en julio de 2011 para terminar por desentrañar buena parte de la aparentemente nefasta gestión del equipo directivo presidido por Rodrigo Rato -heredero de Miguel Blesa por una decisión política-, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido ampliar la lista de investigados, la nueva figura jurídica fruto de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que viene a sustituir a la de imputado. Y lo ha hecho con dos personas: una jurídica, la auditora Deloitte como empresa, y otra física, el socio de esta firma que revisó en concreto las cifras del banco referido. Deberán comparecer el 20 de junio.

Se trata de Francisco Celma, responsable durante varios ejercicios de auditar los balances de Bankia y también de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), luego nacionalizado de forma forzosa para cubrir el enorme agujero contable que se descubrió (recibió 22.424 millones de euros de las arcas públicas). El ya declaró como testigo en esta causa en febrero de 2013 y, en teoría, debería haber dicho la verdad porque así le obligaba la ley.

Su versión de entonces fue que ya advirtió a los responsables de Bankia en marzo de 2012, todavía encabezados por Rato, de que existían «dudas razonables sobre la viabilidad del grupo» BFA-Bankia, y que el plan de capitalización que había preparado el Banco de España tampoco garantizaba su solvencia. Hizo este aviso casi dos meses antes de que la entidad financiera tuviera que reformular sus cuentas para cambiar unos beneficios ficticios de 309 millones con cargo a las cuentas de 2011 por unas pérdidas reales de 3.318 millones, que en su informe los peritos judiciales (dos inspectores del Banco de España) disparan incluso hasta los 4.570 millones bajo un criterio discutido respecto al recurso admisible o no a la llamadas provisiones genéricas.

Según las respuestas que dio aquel día ante el juez y los abogados, en una declaración que se prolongó cinco horas, como auditor fue dando varios avisos a lo largo del tiempo respecto a la delicada situación financiera de Bankia. Sin embargo, y lejos de confirmar este extremo, tanto Rato como sus principales colaboradores han negado que Deloitte o sus representantes le alertaran sobre «posibles dificultades».

Andreu, instructor del caso, también preguntó aquel día a Celma por qué no avaló las cuentas que el equipo de Rato presentó para 2011. Su explicación fue que habría sido ilegal hacerlo, al no llevar las firmas de todos los miembros del consejo de administración. Y eso no ocurrió hasta su relevo por José Ignacio Goirigolzarri y la presentación de un balance ya reformulado, que sí contó con el visto bueno de Deloitte.

Por parte de Deloitte niegan que hayan incurrido en ilegalidad alguna y sostienen que así lo demostrarán dentro de la causa. En cualquier caso, la auditora ya fue multada por el Ministerio de Economía por falta de objetividad respecto a la salida a bolsa, al haber actuado a la vez como consultor de esta controvertida operación y también auditor de los balances del banco.