Unos presupuestos generales sin aprobar dejan un horizonte incierto
Las negociaciones para lograr el respaldo suficiente están siendo muy complejas.
El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. JAVIER LIZÓN
David Valera | MAdrid
Desde el 1 de enero España está con los Presupuestos Generales del Estado para 2016 prorrogados. Y todo indica que esta situación se prolongará bastantes meses más. El Gobierno insiste en que presentará en las próximas semanas las cuentas públicas de 2017. Sin embargo, las negociaciones para lograr el respaldo suficiente en el Parlamento se están demostrando muy complejas y nada garantiza su aprobación en las Cortes. Por tanto, las posibilidades de que no haya nuevos Presupuestos son cada vez mayores. Y ese escenario supondría mantener los gastos e ingresos recogidos en las cuentas del año pasado, a la par que un horizonte de riesgos en diversos sectores e incertidumbre en la financiación de algunas administraciones.
Una de las consecuencias de la falta de nuevos Presupuestos será la no actualización de las transferencias que las comunidades autónomas reciben del Estado por el sistema de financiación de régimen común (sin País Vasco y Navarra). La congelación se producirá a pesar de que la estimación de recaudación para 2017 es más elevada por la mejora económica y la subida de impuestos aprobada en diciembre, especialmente en Sociedades. El problema es que la mayoría de los Ejecutivos autonómicos —salvo Canarias y Baleares— han elaborado sus Presupuestos contando con estos importes extra.
Entre los sectores más afectados por la falta de Presupuestos estarían las partidas destinadas a obra pública. Al estar congelados los gastos, la posibilidad de realizar nuevas operaciones de este tipo quedan paralizadas. Una circunstancia que agrava una situación ya delicada para el sector después del inconveniente que supuso tener un Gobierno en funciones durante gran parte del año pasado.
La revalorización del sueldo de los funcionarios también queda en el aire. Los cambios en su retribución tienen que reflejarse en los Presupuestos y el Gobierno se ha mostrado partidario de «compensar el esfuerzo» realizado por los empleados públicos durante la crisis.