Bruselas, preocupada por la alta temporalidad y por la corrupción
La Comisión Europea reclama a España medidas más eficaces en su informe sobre recomendaciones .
Efe | Bruselas
La Comisión Europea (CE) mostró su preocupación por la alta temporalidad en el mercado laboral en España y la insuficiencia de las medidas para combatir la corrupción política, en su informe sobre las recomendaciones económicas por países con vistas a los próximos meses, publicado ayer.
Bruselas recordó que pese a la creación de empleo en España en los últimos años y a la caída del paro, el desempleo, que se sitúa en el 18,2 %, «sigue entre los más altos de la UE», en particular entre los jóvenes y las personas menos cualificadas.
También señaló que España tiene una de las mayores tasas de temporalidad de la Unión y que, en comparación con otros países europeos, hay poca transición de contratos temporales a indefinidos y existen «algunos elementos del mercado laboral español que podrían disuadir de realizar contratos indefinidos».
En particular, el informe se refiere a la incertidumbre en caso de disputa legal después de un despido o a las «comparativamente elevadas indemnizaciones a los trabajadores con contratos indefinidos».
Un plan integral
Aunque el Gobierno ha establecido un grupo de trabajo sobre la calidad del empleo, España «todavía no ha desarrollado un plan integral para combatir la segmentación en el mercado laboral», añade la CE, que recomienda al país más coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas y medidas para promover la contratación indefinida.
Por otra parte, la CE señala que pese al «progreso» en la lucha contra la corrupción a través de leyes para asegurar una mayor transparencia y de investigaciones sobre casos de ese tipo a nivel local y regional, no se han desarrollado «estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción».
Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, añade.
Otra deficiencia, añade el informe, es la falta de legislación para proteger a los «informantes» sobre casos de corrupción, así como el grado de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la falta de regulación de los grupos de presión.