El Gobierno quiere licitar los peajes en quiebra en un año
El Tribunal de Cuentas estima que el Estado podría tener que abonar «un máximo» de 3.718 millones.
j. a. bravo | madrid
«Tempus fugit», esto es, el tiempo se escapa. En el Gobierno algunos quieren grabar este lema casi a fuego en el expediente de las nueve autopistas de peaje en proceso de quiebra. Ahora que por fin se tiene claro qué hacer con ellas -la aprobación hace una semana del convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) hacerse con su gestión temporal es la primera piedra del camino para su retorno al mercado en mejores condiciones financieras-, el mayor riesgo a temer es que los plazos se alarguen más de lo previsto y no se logre colocarlas a lo largo de 2018.
Porque el próximo año es el elegido para completar todo el proceso, contando con que el déficit público estará ya en buena medida aliviado -el Ejecutivo prevé que no pase del 2,2% en términos de PIB, con una economía creciendo a un ritmo anual del 2,6%- y podrá asumir el coste de recuperar esas vías de pago. En términos globales, el Tribunal de Cuentas estima que el Estado podría tener que abonar «un máximo» de 3.718 millones de euros, en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
Este mecanismo se activa ante la liquidación anticipada de las sociedades que controlan las vías -ocho, pues una tiene dos de las vías afectadas- por causas ajenas a las propias operadoras. Es lo que el Ministerio de Fomento prevé, tras dar por liquidado el plan que su anterior titular, Ana Pastor, presentó en marzo de 2014. Era básicamente una quita del 50% en las deudas que tenían consignadas, sobre todo de constructoras y concesionarias con bancos que habían financiado sus proyectos, reconvirtiendo el resto del pasivo en un bono a 30 años.
Pero aquella negociación entró en vía muerta y las entidades financieras terminaron vendiendo sus derechos, aunque con fuertes descuentos, a distintos fondos de inversión internacionales, tachados de ‘buitres’ por su operativa al maximizar rentabilidades. El nuevo ministro, Iñigo de la Serna, retomó los contactos en noviembre pasado tras su nombramiento y, pese a admitir que la tarea era «muy difícil», daba margen a la posibilidad de un acuerdo.
A mediados de febrero, sin embargo, ya lo veía «prácticamente imposible» y a principios de abril ya avanzaba los primeros detalles de su plan actual.
El deseo del Gobierno es resolver todo el asunto el año próximo -Fomento prevé que las primeras liquidaciones concluyan en el primer cuatrimestre-, para lo que no descarta incluso adjudicar algunas antes de tener su control.
El horizonte sería iniciar las licitaciones antes de otoño de 2018 y concluirlas, lo más tarde, a principios de diciembre.