A la espera de que la justicia se pronuncie
Dos años después de saltar a la luz el escándalo del trucaje de los motores diésel de Volkswagen, la multiplicidad de procesos judiciales puestos en marcha desde entonces no ha supuesto responsabilidad alguna para el grupo alemán, exceptuando el caso de Estados Unidos, el mercado en el que se descubrió el problema.
Allí Volkswagen ha cerrado dos acuerdos con las autoridades americanas para resarcir a los consumidores por el escándalo de los motores modificados, valorados en 14.300 millones de euros. En Europa, la lentitud de la justicia se deja notar en este mismo proceso.
El fabricante alemán ha comunicado ya a la Comisión Europea que lo que ofrecerá será una garantía adicional de dos años a las piezas del motor afectadas por el fraude, que afectó a 11 millones de vehículos en todo el mundo. Pero poco se sabe de las demandas -sobre todo colectivas- presentadas en los tribunales de varios países, incluido España, contra el fabricante.
En el plano administrativo, el Ministerio de Economía ha trasladado a la UE que está a favor de unificar los criterios de todos los países miembro sobre cómo actuar en el arreglo de los diésel afectados por el caso Volkswagen. Lo hace después de que Industria abandonara el estudio de las emisiones en los 30 modelos más vendidos, tras analizar solo la mitad, y constatando una extralimitación en las emisiones pero sin más consecuencias.
Mientras tanto, el grupo vuelve a situarse en lo que va de año en el segundo puesto del ‘ranking’ de ventas en España, con casi 65.000 unidades, sólo adelantado por Seat.