ECONOMÍA ■ BANCA
La Fiscalía pide investigar si hubo engaño en las cuentas del Popular
La Audiencia Nacional advierte de que las condiciones de la ampliación de capital podrían ser delito.
José M. Camarero | Madrid
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que la investigación que se debe iniciar sobre la actuación del expresidente del Banco Popular, Angel Ron, y su consejo, debe centrarse en el engaño que presuntamente —según las querellas presentadas por los afectados— habría ejercido en perjuicio de los inversores afectados después por la liquidación y posterior rescate de la entidad. En el escrito que el pasado día 21 remitió al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para que iniciara la instrucción del caso, el Ministerio Público advierte de que las condiciones en las que se estableció la ampliación de capital de junio de 2016 «se erigen en el principal exponente de la acción penal». La acusación pública, que determina su competencia en el caso, recuerda que las denuncias presentadas apuntan a que el grupo habría proporcionado una información de sus estados contables que «no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad». E indican que, de haber publicado «una imagen fiel» de esas cuentas, «no se habría efectuado la inversión» por parte de los accionistas. De hecho, esas demandas afirman que «algunas de las diferencias contables de carácter relevante se pusieron de manifiesto meses después» cuando el banco llevó a cabo ajustes contables.
La postura del fiscal considera que esos hechos podrían ser constitutivos de un delito de «falseamiento de la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de los instrumentos financieros o de los datos que una sociedad debe difundir sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros para captar inversores». Un acto tipificado en el artículo 282 del Código Penal con hasta cuatro años de cárcel. Esta pena podría llegar a los seis años «si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad», según establece la ley.
Algunos detalles
De hecho, el informe de Anticorrupción apunta que de las actuaciones de la presidencia del Popular en 2016 en torno a la ampliación de capital se pueden derivar una «grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil» tanto por la elevada cifra que se pidió al mercado —más de 2.500 millones de euros— como por los miles de accionistas potencialmente perjudicados, amén del descrédito y la desconfianza que se genera sobre el sistema bancario.
Además, apunta al juez otro presunto delito a investigar, el que podría haber cometido el último presidente del banco, Emilio Saracho: el relativo a la «manipulación del mercado», reflejado en el artículo 284 del Código Penal, castigado hasta con dos años de prisión. Lo hace tras las querellas presentadas por una treintena de afectados, que incluyen a miles de perjudicados.