Los ayuntamientos se benefician de la recuperación del negocio inmobiliario
En 2016 ingresaron 18.000 millones en los tributos que más gravan esta actividad.
Construcción de un edificio en la capital leonesa. PABLO
j. a. bravo | madrid
Del negocio inmobiliario solía decirse que era un valor seguro, incluso algunos llegaron a verlo casi tan confortable como el oro. Pero la brutal sacudida de la última crisis económico-financiera colocó a cada uno en su sitio. Así, a finales de 2017, tercer año de la recuperación del país, el capital invertido superaba el equivalente al 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB), «un valor similar al promedio de los países del entorno español» aunque «muy alejado del 12% registrado en 2007», según el Banco de España.
Para los ayuntamientos, sin embargo, la tempestad se ha quedado más bien en tormenta. Entre ellos y las autonomías gravan todas las actividades que tienen que ver con ese sector, aunque con suerte dispar. Mientras las comunidades han tardado en recuperar esos ingresos tras tocar suelo en 2013, la fuente de ingresos de los primeros prácticamente no ha dejado de crecer.
Por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados -que se impone sobre las compraventas de inmuebles- alcanzó su mínimo recaudatorio hace cinco años, con 5.544 millones de euros. Desde entonces ha engordado un 32% hasta alcanzar los 7.323 millones. El problema para los gobiernos autonómicos es que aún ni siquiera representa la mitad del máximo que alcanzó en plena burbuja del ‘ladrillo’, con 18.441 millones.
Es la consecuencia lógica de que aunque el tercer trimestre de 2017 fue para los traspasos de vivienda el mejor desde 2008, ‘solamente’ se realizaron 121.526 operaciones, casi tres veces menos que entonces. Algo parecido puede aplicarse a otros dos tributos, esta vez municipales, al depender del ritmo de la construcción y ésta, aunque también en recuperación -el Gobierno prevé que crezca a una media anual del 4% hasta 2020-, ha reducido su aportación al PIB_casi a la mitad desde el inicio de la crisis: suponía el 17,9% en 2008 y cerró 2016 con el 9,9%.
El primero es el impuesto sobre construcción y obras (Icio), cuyos ingresos se han desplomado un 72% desde 2006, al pasar de 2.410 a 674 millones de euros. Algo parecido ha pasado con el tributo que se aplica a las licencias urbanísticas, donde la recaudación ha caído un 58,6% en el mismo período, bajando de 547 a 226 millones en once años.
Entre comunidades y ayuntamientos ingresaron en 2016 (último año del que hay datos oficiales) cerca de 25.250 millones de euros en cargas fiscales sobre el ‘ladrillo’, aunque son 6.000 menos que antes del estallido de la burbuja. De ellos, 17.952 millones corresponden a los cinco tributos municipales que mayor peso tienen en ese ámbito. Y_la previsión es que en 2017 hayan vuelto a incrementarse todos ellos.