Los ayuntamientos llevan el conflicto de la plusvalía municipal al Supremo
Hacienda pacta con los consistorios españoles una nueva fórmula de cálculo.
j. a. bravo | madrid
El conflicto de la plusvalía municipal, esto es, el impuesto que vienen cobrando los ayuntamientos por cada compraventa de un inmueble, tiene visos de ir para largo. No siquiera el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias (Femp), que se espera sea aprobado por el Consejo de Ministros en febrero para su posterior debate parlamentario, servirá para cerrarlo, aunque sí para clarificar en parte el escenario.
Todo parte de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en primavera -publicada en el BOE el 15 de junio-, donde avalaba que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no se aplicara si habían existido pérdidas en la compraventa del inmueble. El fallo iba más allá, pues ponía en cuestión los criterios que los ayuntamientos usaban hasta entonces para calcular lo que se conoce popularmente como plusvalía y, por lo tanto, el legislador debería fijar unos nuevos que se ajustasen más a la realidad.
La situación ha llegado al punto de que incluso en casos donde aparentemente sí existía incremento de valor, algunos juzgados y el propio tribunal madrileño han anulado el pago. Los ayuntamientos, como era de esperar, han recurrido esas resoluciones y, según fuentes jurídicas, al Tribunal Supremo ya han llegado recursos de casación de los consistorios de Zaragoza, Santander, La Coruña y Cartagena, aunque se prevén más. Dado que la tramitación no es rápida, es probable que cuando se produzcan las primeras resoluciones ya sea una realidad la nueva fórmula, que entraría en vigor en verano.