La quita autonómica se convierte en el escollo de la nueva financiación
Montoro se alinea junto a las comunidades que menos deuda tienen en el Estado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una comparecencia en el Congreso. JAVIER LIZÓN
colpisa | madrid
«Lo importante es saber qué hacer con la deuda autonómica. Particularmente la contraída con el Estado». Con esta afirmación en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso la semana pasada el foco en uno de los temas más espinosos a la hora de abordar el nuevo sistema de financiación autonómico: una posible quita o reestructuración del elevado pasivo de las comunidades. Pero no sólo eso, también indicó la necesidad de determinar qué parte de esa deuda corresponde a la «insuficiencia» del modelo de financiación actual. Es decir, el titular de Hacienda hizo suya parte de las reivindicaciones de algunas regiones que se consideran maltratadas por el sistema vigente y le culpan de sus abultados números rojos.
La raíz del problema se encuentra en los 159.526 millones que las comunidades deben al Estado procedentes de los mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el plan de pago a proveedores, según datos del Banco de España en el tercer trimestre de 2017. Esto supone que un 56% de la deuda autonómica está en manos de la administración central, que es la principal acreedora de gran parte de los territorios. De hecho, posee más del 50% de la deuda de ocho regiones, llegando en algunos casos a superar el 70% como en Valencia (80%), Murcia (78%) o Andalucía (72%). Este escenario es el resultado de años de inyección de recursos por parte del Estado a las comunidades a través de los instrumentos extraordinario de financiación puestos en marcha por Hacienda en 2012. Es decir, en pleno apogeo de la crisis y cuando muchas regiones tenían los mercados cerrados y necesitaban hacer frente al pago de las facturas de los proveedores y de otros servicios básicos. Así, desde su puesta en marcha hasta 2017 estos mecanismos han repartido 190.000 millones entre las comunidades. A esta cantidad habrá que sumar ya otros 12.000 millones previstos para el primer trimestre de 2018. Las principales beneficiadas en estos cinco años son Cataluña (61.395 millones), Valencia (41.664 millones) y Andalucía (28.974 millones). Sin embargo, estas comunidades justifican la necesidad de recurrir de forma masiva a esta ayuda por los recursos insuficientes que reciben del sistema de financiación. Al mismo tiempo, son las que con más fuerza reclaman una quita, al menos de la parte de la deuda que corresponda a esa infrafinanciación. «Existe un cierto consenso en que una serie de comunidades no están bien financiadas», explica.