La revalorización del 0,25% de las pensiones pudiera no ser constitucional
lucía palacios | madrid
Si el PP tenía pocos frentes abiertos en el tema de las pensiones, ayer le salió otro más. El Defensor del Pueblo puso en duda la constitucionalidad de revalorizar las pensiones un 0,25% y, en cierta manera, puso en entredicho la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, una reforma que -tal y como destaca la institución- la hizo sin consenso social, al contrario de lo que ocurrió con la reforma de 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue suscrita incluso por los sindicatos.
Así lo considera el Defensor del Pueblo en el ‘Informe anual sobre crisis económica y desigualdad’ que presentó en el Congreso y en el que destaca «tres vulnerabilidades principales» del sistema de pensiones. La primera de ellas afecta al mecanismo de revalorización anual de estas prestaciones, que condena a sus beneficiarios a «una ‘cuasi congelación’ de las pensiones (al incrementarse el mínimo legal del 0,25%) durante años», algo que -estima- «ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en 2017» y «ha de suponer un empobrecimiento constante de todos los pensionistas», una trayectoria que podría suscitar dudas con la previsión constitucional que insta a los poderes públicos a garantizar «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad», según reza el artículo 50 de la Constitución. A este empobrecimiento contribuiría además el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que menguará la cuantía inicial de la pensión de los nuevos jubilados.
«El potencial impacto de estas dos medidas no es en absoluto menor», señaló el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien hizo hincapié en que esto ha provocado un incremento de las quejas de los ciudadanos. De hecho, la institución recibió en 2017 45.200 firmas solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.
Esta institución pública se une a la campaña emprendida por gran parte de la oposición, los sindicatos y las decenas de miles de ciudadanos que se están movilizando para pedir que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la evolución de la inflación.
