Economía ■ Tribunales
El juez archiva la causa por las preferentes de Caja Madrid
La Audiencia Nacional justifica su resolución por no apreciar «una trama delictiva».
j. a. bravo | madrid
Era la crónica de un cierre anunciado casi desde que se abrió en 2013 en la Audiencia Nacional una causa penal sobre las participaciones preferentes de Caja Madrid, a raíz de una querella del extinto partido UPyD ante la presunta existencia de una estafa generalizada. El juez Fernando Andreu, el mismo instructor del caso Bankia, comunicó este viernes su archivo al «no haber quedado acreditado» que se hubieran emitido «al objeto de engañar a los inversores de forma global, a sabiendas de que no iban a recuperar» su capital inicial, ni tampoco la existencia de una «trama delictiva».
De hecho, en el último año no se habían practicado diligencias en este caso y se había «agotado el plazo máximo» previsto para la investigación (un lustro). No obstante, ésta ya había quedado bastante limitada desde un inicio, al resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia que quedara «fuera todo lo referente a la concreta comercialización» de las preferentes y «el case de operaciones en las sucursales de Bankia» o de las cajas que la integraban, clave para determinar su valor final y que fue tachada de «malas prácticas» desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La insistencia de la Fiscalía, que desde un inicio no consideró que los hechos analizados «constituyeran un delito», logró que sólo se indagara respecto a «la ideación y comercialización general» de estas polémicas participaciones «desde la cúpula directiva de las emisoras». Tras recabar distintos informes, además de tomar declaración en 2014 a una decena de ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia como imputados, el Ministerio Público considera «difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado por las entidades querelladas, a las que habría que sumar gran parte del sistema financiero para el engaño». Y el juez hace suyas todas sus conclusiones.
La Fiscalía aconseja la vía civil como «las más adecuada para una respuesta rápida y eficaz» -Bankia ha devuelto ya 2.800 millones a más de 170.000 clientes-. Pero olvida que el Tribunal Supremo ordenó en 2015 a la Audiencia Nacional que asumiera todas las denuncias penales por preferentes para evitar fallos dispares. Por eso la exclusión de casos particulares, junto a la falta de argumentos propios del instructor, puede dar pie a los recursos que probablemente presentarán contra el cierre los más de 4.000 afectados.