La Fiscalía defiende el «interés colectivo» en el juicio de Bankia
Rechaza aplicar la doctrina Botín para expulsar de la causa a las acciones populares.
j. a. bravo | madrid
Ni perjudicados directos, ni accionistas pendientes de resarcir. Para la Fiscalía Anticorrupción no es necesario que se den estas circunstancias para justificar la presencia de las acusaciones populares y buena parte de las particulares en el juicio por la polémica salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, que se juzga desde el lunes pasado en la Audiencia Nacional. Basta para legitimar su continuidad en el proceso, según manifestó este miércoles la representante del Ministerio Público, «la relevancia e interés colectivo» de los hechos que se están juzgando, en concreto la posible falsedad de las cuentas anuales en 2010 y 2011 de la que fue «cuarta entidad financiera del país».
La fiscal Carmen Launa salió así al paso de la petición casi unánime realizada en la víspera por las defensas de los 34 acusados -entre ellos, tres personas jurídicas: el banco, su matriz BFA y la auditora Deloitte- para hacer una especie de ‘limpia’ de acusaciones en el proceso, de manera que solo quedaran quienes estuviesen «realmente legitimados, acreditando con poderes que representan a propietarios de títulos» de la entidad y que, además, no hubieran sido compensados ya económicamente por sus acciones. Su amenaza de iniciar acciones legales contra ellos, en caso de resultar absueltos al final de la vista oral, pretendía provocar una desbandada entre ellas.
Pero en Anticorrupción, donde durante la instrucción del caso discreparon en varias ocasiones con el criterio de las acusaciones, no quieren que los antiguos responsables de Bankia aprovechen posibles resquicios legales para verse libres de posibles culpas antes de tiempo. Por eso ya anunciaron el lunes que, «eventualmente», podrían acusarles de un delito de falsedad contable, además de la estafa -en la modalidad de fraude a los inversores- que ya les imputaban.
La fiscal rechazó que pueda aplicarse la llamada doctrina Botín que, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en 2007, impediría seguir con un procedimiento si no acusan ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares y solo lo hacen quienes ejercen la acción popular, que es precisamente la situación actual respecto al delito de falsedad contable que se atribuye a una treintena de los exconsejeros de Bankia, incluida la entidad, su matriz y la auditora.