El Gobierno intentará revertir la reforma laboral con «poco margen»

lUCÍA pALACIOS | MADRID

«Vamos a trabajar hasta el último minuto en esta legislatura», prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la declaración institucional en la que anunció el pasado viernes la convocatoria de elecciones para el 28 de abril. Ayer mismo, apenas 24 horas después, durante un mitin en Sevilla con aires electorales, dejó claro que utilizarán las dos semanas que tienen antes del 5 de marzo, cuando se disolverán las Cortes, para aprobar algunas de las medidas ya anunciadas y que estaban incluidas en los Presupuestos de 2019 que el Congreso tumbó el pasado miércoles. Y entre ellas mencionó dos: recuperar el subsidio por desempleo para los mayores de 52 años y la cotización de las cuidadoras no profesionales.

Para ello utilizarán la única vía que les queda, la del Real Decreto Ley, el método que han utilizado ya en 25 ocasiones durante estos ocho meses en La Moncloa para poder sacar adelante, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo, la revalorización de las pensiones o el incremento salarial de los funcionarios. Nada dijo Sánchez sobre una de las medidas más esperadas: la derogación de al menos parte de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no se da todavía por vencido y fuentes del mismo aseguran a este periódico que «el poco margen que hay se aprovechará». Su intención es «sacar todo lo que se pueda» y enumeran una serie de temas que para este Departamento siguen siendo «prioritarios».

Contrarreforma laboral

Derogar la reforma laboral de 2012 fue una de las banderas del PSOE durante la campaña electoral y su etapa en la oposición. Sin embargo, cuando llegó al Gobierno moduló su discurso ante la imposibilidad de lograr una mayoría parlamentaria para ello y comenzó a hablar de llevar a cabo una derogación de los elementos más lesivos de esta norma. Inició entonces una negociación con sindicatos y empresarios que terminó con un principio de acuerdo solo con las organizaciones de los trabajadores. Ahora, UGT y CC OO meten presión para que apruebe al menos las medidas pactadas. «No es imposible si hay voluntad política», insistió el viernes el líder de CC OO, Unai Sordo, mientras su homólogo de UGT, Pepe Alvarez, instaba al Gobierno a que «aproveche los dos consejos de ministros que le quedan». Devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios (es decir, que se prorroguen de forma automática mientras no se apruebe uno nuevo), implantar un registro diario de jornada en las empresas y limitar la subcontratación son esas medidas ya acordadas. «Al Gobierno le encantaría sacarlo adelante», aseguran fuentes gubernamentales, que matizan, no obstante, que es un tema «prioritario», pero que lo debatirán en estos días y dependerá de la viabilidad que vean. «Hay medidas que a lo mejor sí pueden aprobarse en el Parlamento, pero otras que sin el PDeCAT, no», admiten. En todo caso, advierten de que antes convocarían de nuevo una mesa de diálogo social y «ya se verá si se lleva algo o nada».

Federico Durán, socio de Laboral de Garrigues, muestra su oposición a ello: «No son las condiciones más adecuadas para proceder a una reforma sustancial de ordenamiento laboral». Durán considera que este tema necesita «un debate sereno». Además, advierte de que «meterse en reformas por la vía del Real Decreto Ley si no está fundamentado su uso puede ser pan para hoy y hambre para mañana», ya que este método solo puede utilizarse por motivos de urgente necesidad.