Los permisos de paternidad y las cuotas de los cuidadores costarán 610 millones
El Gobierno aprueba también extender a las empresas medianas los planes de igualdad .
j. a. bravo | madrid
A falta de reforma de las pensiones y con dudas sobre cuándo introducirá finalmente cambios en la última reforma laboral, el Gobierno aprobó ayer un decreto ley de medidas urgentes «para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación». Esto es, que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y obligaciones dentro del ámbito laboral.
También, por extensión, en la conciliación y la corresponsabilidad en el hogar, en este caso respecto a los hijos, porque según la vicepresidenta Carmen Calvo «la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres». Por eso se amplían los permisos de paternidad y se habilitan herramientas para reducir la brecha salarial por género.
Esa mayor duración de sus bajas, junto al sufragio por el Estado de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, costará 610 millones de euros anuales a las arcas públicas. Las principales medidas de un texto donde el Ejecutivo prima el respaldo parlamentario sobre el criterio de los agentes sociales -la CEOE había puesto objeciones- entrarán en vigor la semana próxima.
La duración de las bajas laborales de padres y madres tras nacer su hijo se equiparará de forma gradual hasta que los primeros también disfruten de 16 semanas. Eso sería a partir de 2021.
Las cuotas a la Seguridad Social y por Formación Profesional de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia «serán abonadas conjunta y directamente por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social». Su coste se estima en otros 300 millones por ejercicio para 180.000 personas beneficiadas. La mayoría son mujeres, que cobran de media 370 euros menos que los hombres.
Toda empresa con más de 50 trabajadores deberá realizar un plan de igualdad, algo ya obligatorio para las que tienen más de 250, aunque apenas el 10% lo cumple según denuncia UGT. Las compañías más pequeñas tendrán tres años para elaborar y aplicar sus programas, dos años si tienen entre 100 y 150 empleados, y solo uno para las de 150 a 250.