El Gobierno se unirá a otros países en la inspección fiscal a las multinacionales
Estima que evitará así «controversias futuras», mientras potenciará las medidas cautelares.
j. a. bravo | madrid
El Gobierno fía a una mayor intensidad en la lucha contra el fraude un aumento de los ingresos públicos en al menos 830 millones de euros, según ha comunicado a Bruselas en la actualización de su Programa de Estabilidad 2019-2022. Y una de sus nuevas medidas es impulsar las inspecciones internacionales conjuntas a las grandes multinacionales, fundamentalmente a aquellas que operan en diferentes países pero sitúan su sede en territorios ‘offshore’, esto es, de muy baja tributación como ocurre con algunos de los gigantes de internet.
La inspiración de este «decidido refuerzo» de la cooperación internacional surge de los debates sobre fiscalidad en el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el Ejecutivo se alineará «por norma y salvo causa justificada con las propuestas más ambiciosas». En España lo ha impulsado la Alianza por la Responsabilidad Fiscal, compuesta por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la ONG Oxfam Intermón, la escuela de negocios Esade y la consultora Sustentia.
En un acto que celebraron el 25 de abril el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, anunciaba que ya se lo estaban «planteando seriamente». Y apenas una semana después el Gobierno lo ha esgrimido ante la Comisión Europea (CE) entre sus medidas más destacadas en el «reforzamiento del control de grupos multinacionales y grandes empresas». Hacienda ha colaborado antes con sus homólogas de otros países, aunque ahora se busca normalizarlo y potenciarlo. En su plan habla de «controles simultáneos con otras jurisdicciones», sin perder cada Estado sus propias competencias.
Con ello espera «evitar controversias futuras entre países» -la propia UE ha evidenciado la dificultad de coordinar decisiones, pese a que la armonización fiscal sigue siendo una de las pretensiones de sus principales socios- y, a la vez, potenciar los procedimientos «amistosos» (MAP por sus siglas en inglés) para resolver conflictos ya planteados entre distintas Administraciones nacionales. Gascón reconoció en aquel acto -donde se presentó una nueva herramienta para verificar el compromiso de las empresas con una fiscalidad «justa»- que Latinoamérica podría ser una región con la que se aumente más la colaboración.
El responsable de la Agencia avanzó a principios de año que los ingresos por la lucha contra el fraude se habían recuperado durante 2018 hasta superar los 15.000 millones de euros, acercándose así a los 15.500 millones de 2015, su cifra más alta desde antes de la crisis. En su paquete de nuevos impuestos el Ministerio de Hacienda desglosaba el impacto recaudatorio de tres de sus nuevas medidas contra la evasión fiscal, que finalmente se han retrasado a 2020 tras el rechazo al proyecto presupuestario para este año.
La necesidad de una «permanente adaptación a un entorno cambiante» hace que Hacienda priorice, asimismo, las actuaciones preventivas y en la fase recaudatoria. Entre las primeras, «se potenciarán los avisos» a los contribuyentes sobre todas sus fuentes de renta de las que sepa el fisco, a fin de «favorecer el cumplimiento voluntario» de sus obligaciones.
En las segundas, es decir, de cara al cobro «efectivo» de las deudas, se mejorará la evaluación del riesgo, tanto para identificar a terceros responsables de ellas como para adoptar medidas cautelares.