La Fiscalía pide al juez que impute al BBVA por cohecho y corrupción en el caso Villarejo
José M. Camarero | madrid
El caso judicial del supuesto espionaje encargado por BBVA durante la presidencia de Francisco González a una empresa vinculada al excomisario José Manuel Villarejo ha dado un paso más con la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la entidad financiera sea investigada como persona jurídica en el marco de la ‘Operación Tándem’. El Ministerio Público achaca al banco hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
La petición de imputación contra BBVA llega después de que la Fiscalía haya analizado detalladamente, según ha informado la Audiencia Nacional, toda la documentación incautada en noviembre del año pasado procedente de los contratos de la empresa de seguridad Cenyt —cuya titularidad era del propio Villarejo— así como los documentos aportados por el propio BBVA en el marco de esta investigación. Anticorrupción ha llegado a la conclusión de que se acreditaría la contratación y los pagos «supuestamente ilícitos» a la compañía de seguridad por parte del banco, en una operación que además «afectó a varias áreas sensibles» de la entidad así como a «diversos ejecutivos» durante un «prolongado periodo» que habría comenzado en 2004 y se prolongó durante más de una década.
Seguimientos a periodistas
En aquel año, el expresidente de BBVA, Francisco González, habría encargado una serie de seguimientos físicos y telemáticos contra empresarios, políticos y periodistas para evitar el desembarco de otros grandes accionistas en el banco, como habría sido Sacyr, cuyo presidente era entonces Luis del Rivero. Rastreos de datos bancarios Sin embargo, las escuchas habrían proseguido, una vez anulada aquella operación, con otros fines similares hasta casi el final de la presidencia de González. Anticorrupción sostiene que esas contrataciones habrían perseguido realizar «múltiples servicios de inteligencia» así como de «investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», en lo que considera que habría implicado una «reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas».