España, el país más fraudulento de la UE con fondos regionales y agrícolas
Salvador arroyo | bruselas
Compañías fantasma que buscan fondos europeos para disfrazar el comercio de falsificaciones, fraude en la promoción de productos agrícolas continentales (un dinero que se lava a través de terceros países), la participación de la delincuencia organizada en la manipulación de fondos destinados a campos de refugiados, y la evasión de derechos de aduana por grupos criminales organizados (solo la entrada irregular de textil y calzado supondría la fuga de 2.500 millones). Esas fueron las cuatro tendencias de conducta grave que hicieron saltar las alarmas en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) durante el último año, según el informe que presentó ayer el organismo comunitario en Bruselas. En el documento se destaca la apertura de 219 investigaciones después de que sus expertos analizaran la información de 1.259 casos. En concreto, 167 de esas investigaciones se dieron por concluidas con la emisión de 256 recomendaciones a las autoridades competentes tanto nacionales como comunitarias. Como resultado, la Olaf destaca que consiguió la recuperación para el presupuesto de la UE de un total de 371 millones de euros.
Una parte de esos fondos europeos que se quieren recuperar procedería del uso irregular de la financiación que emana de programas de apoyo gestados en Bruselas. Se detectaron en 2018 al menos nueve casos en Hungría y ocho en Grecia o Polonia, los países que encabezan la lista con mayor número de pesquisas. En España hubo uno. Alertaba de la doble financiación de una gran empresa internacional dedicada a la investigación científica. La compañía, no identificada en el informe, reclamó y recibió cobertura para el mismo fin y durante el mismo período, tanto de la UE como de España a través del programa Torres Quevedo. En lo que sí continúa a la cabeza España es en los supuestos casos ‘irregulares’ de fondos de cohesión y agrarios. Entre 2014 y 2018 se detectaron 10.995 anomalías de este tipo, una quinta parte del total en el conjunto de la UE (50.153) y el doble que en Rumanía (5.563), el segundo país con más detecciones.
La cuestión es que de los casi 11.000 casos investigados en este periodo en el país, la OLAF sólo cerró siete con recomendaciones. Y todo el bloque de asuntos suponía un impacto financiero bajo, del 3,31%.0