La JUR confirma que no compensará a los afectados por la resolución del Banco Popular
La Junta Única de Resolución (JUR) de la eurozona decidió ayer de forma definitiva que no se requiere compensar a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular puesto que dichos inversores no habrían recibido un mejor trato en un proceso ordinario de insolvencia.
La JUR ha basado su decisión en el último informe de valoración de la entidad, elaborado por la consultora Deloitte, que determinó que una liquidación habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, cifras muy superiores a los 11.400 millones que costó la resolución del banco, así como en los comentarios remitidos desde entonces por los afectados.
La agencia europea ya había anunciado en agosto de 2018 su decisión preliminar de no dar compensación, tras lo cual abrió un proceso de «derecho de audiencia» para que acreedores y accionistas pudiesen presentar sus argumentos.
La JUR ha evaluado desde entonces 2.856 de estas opiniones, que también han sido analizadas por Deloitte, al que se considera valorador independiente, y ha confirmado su conclusión preliminar. «Esta decisión cierra el proceso de análisis para determinar si un proceso de insolvencia hubiera producido un mejor resultado para los accionistas y acreedores afectados de Banco Popular», informó en un comunicado la presidenta de la JUR, Elke König.
«Está claro que no es el caso. Comprendo que será decepcionante para aquellos que hayan sufrido pérdidas, pero ello demuestra que el marco de resolución es efectivo, y que ha protegido a los contribuyentes de pérdidas y de inestabilidad financiera», añadió.
La JUR ordenó la resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017 después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarase que era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera a ser al considerar que era necesario para salvaguardar el interés público y la estabilidad financiera.