IU afirma que el caso del Inem es una venganza del Gobierno por el 20-J

Llamazares dijo ayer en Málaga que desde esta formación «no vamos a permitir que se trate de delincuentes a los sindicatos». Para el dirigente de la coalición de izquierdas, esto «es lo que pretende el Ejecutivo, que se ha sacado de la chistera un recurso penal a través del Fiscal General del Estado, que es el brazo armado del Gobierno». Llamazares aseguró que desde su formación están interesados «en que se aclare cualquier circunstancia» y que los recursos que se destinen mediante subvenciones «sean transparentes y bien gastados». Además consideró que la investigación «es un juicio político» y que tanto el Fiscal General como el fiscal de la Audiencia Nacional «actúan políticamenmte por venganza hacia los sindicatos, con la intención de debilitarlos para que no haya confrontación social», así como «chantajear» a los representantes sindicales. El dirigente de la federación de izquierdas aseguró que desde IU se defenderá que no existe fraude ni por parte de los trabajadores ni de los sindicatos. Llamazares criticó que el Gobierno «no se preocupe» por el fraude de la contratación temporal, que se da en el 50% de los contratos, ni tampoco por el fraude financiero y fiscal. En este sentido, calificó al Gobierno de «hipócrita» por perseguir «supuestamente el fraude de los débiles, pero no perseguir el verdadero fraude de los fuertes, que son amigos del PP y en buena forma son parte de la derecha de este país». Fraude en cursos del Inem El secretario general de UGT, Cándido Méndez, manifestó ayer su tranquilidad ante la investigación de un presunto fraude por parte de sindicatos y patronal en la gestión de los fondos de la UE destinados a cursos de formación, porque «sabemos que la gestión ha sido correcta». Aún así, reconoció su inquietud por el uso que «están haciendo algunos medios de comunicación» de documentación relativa a la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la gestión de los fondos con los que la Unión Europea y el Inem financian los cursos de formación impartidos por CC.OO., UGT, la Central Intersindical Gallega y las patronales Ceoe y Cepyme. Según Méndez, estas organizaciones se encuentran en una situación de «indefensión» porque los medios «tienen más información que nosotros sobre el caso» y la están utilizando para «denigrar a la patronal y a los sindicatos». «Se trata de una investigación abierta en la que se citará a cincuenta testigos, pero nosotros ni siquiera sabemos quiénes son, y no podemos dar nuestra opinión porque no conocemos la información» relativa al caso, dijo el líder sindical.