La CEOE advierte que no costeará la lentitud de la Justicia
El acercamiento entre el Gobierno y los sindicatos tras el anuncio de modificación del decretazo ha desatado las iras de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Juan Jiménez de Aguilar, secretario general de la patronal, denunció ayer que se terminará con el despido disciplinario si Zaplana no reconsidera su decisión de restaurar los salarios de tramitación haciendo recaer su coste únicamente en los empresarios. Para la CEOE, ahora, puede darse la circunstancia de que una empresa entienda que el despido es disciplinario, recurra para obtener un fallo a su favor y se encuentre con que debe abonar todos los salarios de tramitación, cuando antes del decreto, sólo le correspondían las retribuciones de dos meses. La patronal sostiene que este es un coste inviable para las pymes, que dominan el tejido empresarial español. Coste menor Jiménez de Aguilar se mostró ayer contrario a que tenga que ser la patronal la que asuma el coste de la lentitud de la Justicia española. En este sentido, la CEOE se mostró confiada en que el Gobierno atienda sus reivindicaciones. Eduardo Zaplana, sin embargo, respondió que la denuncia de la CEOE, en términos económicos, es una cuestión menor. El titular de Trabajo cifró la queja de la patronal en 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) y dio por zanjada la crispación social iniciada el pasado mes de junio. Según el ministro, con la revisión del decretazo, los empresarios obtienen un ahorro importante con la posibilidad de consignar en 48 horas la indemnización del despido. El Gobierno, además, ha anunciado que incrementará en 114 millones de euros (18.900 millones de pesetas) el presupuesto del Inem previsto para el 2003. Esta cantidad se repartirá entre las comunidades autónomas con competencias en materia de empleo y está destinada a favorecer políticas de fomento del trabajo y a luchar contra el desempleo. UGT y Comisiones Obreras insistieron en que continuarán con las protestas por la permanente discriminación de los trabajadores agrarios. Del mismo modo se han pronunciado Izquierda Unida y los gobiernos de Andalucía y Extremadura, que consideran injusta que la revisión de la reforma laboral no restituya el subsidio agrario. Según CC.OO., la negativa de Zaplana ahonda en un trato discriminatorio sobre 800.000 trabajadores. Los empleados agrarios tienen que cotizar seis veces más para acceder a las mismas prestaciones que otro del régimen general.