LA FINANCIACIÓN LOCAL DEL PP

-Supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a partir del 1 de enero de 2003 para todas las personas físicas y aquellas empresas que facturaron menos de un millón de euros en el ejercicio de 2002. La medida beneficia a 2.118.863 contribuyentes. -Quedan también exentos del pago de IAE las nuevas empresas que, aunque tengan obligación de abonarlo por su volumen de facturación, se creen a partir del 1 de enero de 2003 en su primer año de existencia y bonificarán el 50% de la cuota durante los cinco años siguientes. Los ayuntamientos, además, podrán bonificar otro 50% por creación de empleo. -No se tomará en cuenta, como se hacía hasta ahora, el número de empleados para fijar la tarifa para los contribuyentes que pagan IAE. -Los ayuntamientos podrán bonificar el 50% de la cuota del IAE a las empresas que utilicen o produzcan energía renovable. Las empresas podrán deducir de la tarifa los gastos que originen los servicios de guardería. -Los municipios podrán gravar en hasta 1,65% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas desocupadas. La medida busca poner en el mercado más pisos. -Se podrá aplicar un IBI distinto en función del uso económico de los inmuebles. Hasta ahora, los aumentos o reducciones eran independientes del uso de los locales. -Los ayuntamientos podrá bonificar hasta el 90% de la cuota del IBI a las familias numerosas. -Exención del pago del impuesto de circulación a los vehículos de minusválidos y bonificaciones de hasta de 75% a los que empleen carburantes o motores respetuosos con el medio ambiente. -Cesión a los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes o capitales de provincia del 1,6875% de la cuota líquida del IRPF imputable a su municipio, el 1,7897% del IVA y el 2,0454 de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos. -Cesión a las provincias (diputaciones) del 0,9936% del IRPF producido en su territorio, el 1,0538% del IVA y el 1,2044 de los impuestos especiales sobre alcoholes, tabaco e hidrocarburos. -Tasa del 1,5% de los ingresos brutos a las compañías de telecomunicación por uso del suelo, subsuelo y cables elevados en todas las vías públicas.