El PP exige al Gobierno que “condone” a las entidades locales 3.000 millones de 2020
La moción presentada por los populares en la Diputación resalta que “a 6 meses para el comienzo de 2022, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta para solucionarlo, lo que pondría en riesgo la viabilidad y la sostenibilidad económica de las entidades locales”
El Partido Popular insta al Gobierno a que “condone la deuda generada” por las entidades locales en la cuantía de la participación en los impuestos del Estado correspondiente al año 2020 y que supone unos 3.000 millones de euros.
Esta petición, formulada a través de una moción presentada en la Diputación de León, responde a que “de una manera automática y sin ninguna responsabilidad por parte de las entidades locales se ha generado una liquidación negativa en la participación de los impuestos del Estado” debido a que se “utilizó el crecimiento de la economía previsto y no el real”.
“Y cuando quedan menos de 6 meses para comenzar el año 2022, el gobierno de España no ha propuesto ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y la viabilidad de muchas entidades locales que, si esta deuda se materializa, podrían dejar de atender las necesidades de los vecinos”, recoge la moción.
Los populares, tal y como recoge el texto de la moción, denuncia el “incumplimiento” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de “habilitar unos fondos COVID-19 para las entidades locales en su lucha contra la pandemia” dotado con 3.000 millones de euros.
Este agravio se suma que “el único fondo habilitado” por el Gobierno para las entidades locales “ha sido el déficit del transporte público”, cuya cuantía “es insuficiente por supone una cuarta parte” de los más de 1.700 millones que se habían solicitado.
Los populares recuerdan que el Gobierno sólo ha puesto en marcha una iniciativa consistente en la “suspensión de las reglas fiscales” pero derivada de una decisión de la Unión Europea.
La propuesta del Partido Popular recoge que, en caso de no condonarse esta deuda, se “exige al Gobierno que se aplace dos años la devolución de la deuda” y que se disponga “el fraccionamiento del pago de la misma en 10 años” con el objetivo de salvaguardar la viabilidad de las entidades locales.