Admitida una querella contra Botín y Amusátegui por un delito societario

Una vez abierto el procedimiento penal, la magistrada pretende realizar unas pesquisas previas antes de determinar si cita a declarar como imputados a los dos querellados. Así, a través de un auto dictado el pasado 31 de octubre, reclama a la Inspección del Banco de España que, «como organismo regulador», le informe sobre los hechos denunciados. Requiere al Registro Mercantil competente que le remita certificación de los estatutos sociales, de las cuentas anuales, de la auditoría correspondiente al ejercicio del 2001 y del acuerdo de fusión suscrito entre las entidades financieras del Santander y del Central Hispano. La instructora, que también ha reclamado certificación de las actas de las Junta General de accionistas en la que se aprobaron las cuentas del año pasado (o en su caso, del Consejo de Administración), pretende comprobar con estas pruebas si es cierto que hubo una disposición supuestamente irregular de fondos del BSCH, quiénes fueron los beneficiados por ella y los que la ordenaron, así como si los reglamentos internos del banco permitían una operativa similar. Entiende que los hechos denunciados por un accionista, Juan Francisco Franco, «pueden ser constitutivos de un delito societario», castigado con penas de prisión de 6 meses a 4 años. La competencia de la Audiencia Nacional en este caso viene marcada porque «el perjuicio patrimonial, de haberse causado, se proyectaría en una generalidad de personas, los accionistas del banco -entre ellos, el querellante-, pertenecientes al territorio de más de una audiencia», como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este caso concreto, se investiga si Botín y Amusátegui, «con abuso de las funciones propias de su cargo, dispusieron fraudulentamente de los bienes de la sociedad (BSCH) o contrajeron obligaciones con cargo a ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a socios, depositarios o similares». En la querella interpuesta por Juan Francisco Franco se afirma que Emilio Botín y José María Amusátegui habrían llegado a un acuerdo para acabar con la «guerra de poder» que atenazaba al banco durante el año 2001, que tendría su reflejo en un pago extraordinario de 43,75 millones «con carácter extraordinario y no recurrente», que fueron cargados en la partida de compromisos por pensiones y otros seguros.