«No admitiremos nunca que la subida de salarios se vincule a la inflación»

Acaba de revalidar su cargo como presidente de la organización empresarial española, puesto en el que permanecerá durante los próximos cuatro años, con un respaldo abrumador frente a su oponente, la catalana Virginia Guinda. El empresario vasco Antonio Garamendi ya respira tranquilo —aunque sostiene que jamás vio peligrar la reelección— y deja atrás una batalla para adentrarse de forma inmediata en otra. Más bien en otras. En este caso no tendrá a empresarios en frente, sino al Gobierno y los sindicatos, porque en este final de 2022 se acumulan los asuntos objeto de negociación. Salario mínimo, pacto de rentas y una nueva vuelta de tuerca a las pensiones le esperan a partir de mañana, en un proceso que no parece sencillo porque las posturas de los interlocutores sociales parecen muy alejadas. Teme que la crisis sea más profunda y duradera de lo que algunos analistas proyectan y reitera su apuesta por la «moderación», la seña de identidad que le ha identificado en su primer mandato y que le llevó a impulsar catorce acuerdos de gran calado, como el de la reforma laboral.

—¿Hay que interpretar el respaldo masivo a su candidatura como una apuesta inequívoca de los empresarios por la moderación ?

—Sin duda. Es una apuesta por el diálogo, pero con firmeza. Se pueden decir todas las cosas siendo educado y eso no significa ser débil, sino que quieres escuchar a otros y tratar de entenderles. La competitividad y el humanismo no están reñidos, al contrario. Cuanto más humanismo, más competitividad.

—Durante muchos meses se le ha tachado de blando, especialmente con el Gobierno.

—Los empresarios no elegimos el Gobierno, lo eligen los ciudadanos. Y nuestra responsabilidad, estamos obligados a ello, es dialogar y tratar de alcanzar acuerdos con el Gobierno legítimo que esté en cada momento. Lo dije en la asamblea de la Ceoe: si no estamos para llegar a acuerdos, ¿para qué estamos? Cuando decimos que no, también explicamos las razones. Es lo que los empresarios quieren.

—La vicepresidenta Nadia Calviño ha asegurado que muchas negociaciones han estado congeladas por el proceso electoral de la Ceoe. ¿Ha sido así?

—Pues no, al menos no por nuestra parte. No hemos parado de hablar. Y le digo más, si hubiese tenido que firmar un acuerdo el día antes de las elecciones, lo hubiese hecho. El interés general está por encima de mis intereses. Más bien lo que ha sucedido es que el Gobierno no nos ha pasado ni un papel sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las pensiones, por poner algún ejemplo. Nosotros no hemos dejado de trabajar.

—Vamos al detalle. El término ‘pacto de rentas’ comienza a parecer ya un tanto desgastado de tanto usarlo sin contenido concreto.

—Creo que le llaman pacto de rentas a algo descafeinado y como si quisieran fijarse únicamente en un aspecto, el de las subidas salariales. Eso es el tradicional Acuerdo Nacional de Convenios, que no lo llamen de otra forma. Un pacto de rentas debería ir más allá de una legislatura y, precisamente por eso, por ser algo de largo plazo, debería tener también en la mesa no solo al Gobierno, sino también a la oposición. Y debe abarcar muchas cosas, no solo el aumento salarial.

—¿Qué cosas?

—Pues, por ejemplo, el aumento de las pensiones, la subida de los funcionarios, el salario mínimo, también el acuerdo de convenios. Y lo que no es justo es asegurar que alguien se ha levantado de la mesa porque te exigen algo que no puedes dar. Nosotros no nos levantamos de esa mesa, pero, lógicamente, defendemos nuestro punto de vista.

—Los sindicatos demandan subidas salariales de, al menos, la inflación.

—No podemos admitir bajo ningún concepto que las subidas salariales estén indexadas, vinculadas, a la inflación. Eso es pobreza a medio y largo plazo, porque supone poner en peligro muchas empresas, sobre todo pymes. Y no es lógico tampoco la homogeneización de todo. No es lo mismo una peluquería que un bar o una empresa energética. Y, por cierto, se están firmando bastantes convenios en España. Firmar una subida lineal para todos no sería serio. Y además nos piden a las empresas algo que la Administración no quiere cumplir. El salario mínimo ha subido un 35% y los contratos con la Administración no están indexados y no hay revisión. En muchos servicios, eso coloca a las empresas en pérdidas.

—La ministra de Trabajo ya ha dejado claro que quiere una nueva subida del SMI para 2023. ¿Cuál es la postura de la CEOE?

—No nos oponemos a subir el salario mínimo, pero debe hacerlo con cabeza. Es diferente hablar de Madrid, Barcelona o Bilbao que de Extremadura, y ya hay nueve comunidades autónomas donde el salario mínimo es superior al 60% del salario medio.

«Expertos tengo yo»

—¿Cree que hay margen para el acuerdo en este tema?

—La decisión sobre el salario mínimo es un tema que corresponde al Gobierno, previa consulta con los agentes sociales. Es consulta... Lo que plantea la ministra de Trabajo ya le anticipo que va a ser muy difícil que podamos suscribirlo. Pero vamos a esperar a ver si es esa la propuesta real del Ejecutivo o solo el anuncio de una parte del Gabinete.

—El Gobierno se ha mostrado muy satisfecho del análisis que han hecho los expertos.

—Claro, porque algún informe en el que la fotografía no salía tan buena lo han tratado de ocultar. Cuando llamas a unos expertos es para tratar de que digan lo que tú quieres, siempre ha sido así. Expertos tengo yo, los que lo pagan: dos millones de empresas y millón y medio de autónomos.

—Algunos analistas consideran que la subida de las pensiones ligada a la inflación va a ser una pesada losa para el gasto público.

—En el Pacto de Toledo, todos los partidos políticos, excepto Vox, que se abstuvo, votaron a favor de esto. Es importante recordarlo. Nosotros dimos el visto bueno con el compromiso de que hubiese un factor de sostenibilidad, aunque se le llamase de otra forma. Cada punto de inflación en la subida de las pensiones son 1.500 millones de euros de gasto público. Estamos hablando de 14.000 millones, y si a eso le sumamos el efecto de la jubilación del ‘baby boom’, debemos añadir otros 2.000. Y son estructurales, se quedan para siempre, con un nivel de deuda pública muy elevado. A todo esto hay que agregar una subida de tipos de interés y una situación económica de incertidumbre. Tengamos cuidado, porque entramos en una situación dificilísima.

—¿Tienen ustedes ya una postura en torno a la nueva etapa de reforma de las pensiones, que, según los compromisos adquiridos con la UE, debería concretarse antes de que acabe el año?

—Créame, el Gobierno no nos ha pasado ni un papel. Pero la reforma de las pensiones solo tiene sentido si conseguimos que sean sostenibles. El problema no es mi jubilación, sino la de nuestros hijos dentro de treinta o cuarenta años. Y de los nietos, también.

Todo resta

—También ha habido muchas críticas empresariales al aumento de costes que supone la cotización.

—Es que se ha subido 0,6 puntos las cotizaciones de forma general, por cierto, sin consultar a nadie, además de incrementar la base máxima de cotización. Creo que debemos darnos cuenta de que eso complica hablar de subir los salarios, cuando ya tenemos una cotización a la Seguridad Social un 30% más elevada que el resto de Europa.

—En su discurso tras ser reelegido se refirió en tono crítico al nuevo impuesto a las energéticas y la banca que se ha discutido esta semana en el Congreso.

—Es que las leyes y los impuestos a la carta solo crean inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. Si a eso sumamos un déficit de calidad de la legislación... Poner impuestos sobre la facturación es una barbaridad, y más en un momento en que habrá que hacer grandes inversiones en sostenibilidad. Si te cambian las reglas de juego cada minuto paras la inversión. Por cierto, en el campo de la energía, y en el caso de que exista eso que llaman beneficios extraordinarios caídos del cielo, el culpable es el regulador. Es él quien ha establecido las reglas de juego y un sistema marginalista de fijación de precios.

—El mensaje del Gobierno a la banca es que debe arrimar el hombro en un momento especialmente delicado para la economía y en el que es necesario hacer un esfuerzo de gasto público para reducir las consecuencias de una inflación galopante.

—Todos los organismos que han estudiado el impuesto a la banca se han mostrado críticos o han pedido que se traspase a los clientes. No creo que sea una ayuda. Pero es que además, si coges el accionariado de algunos bancos, te das cuenta de que ahí hay mucho ciudadano involucrado. El banco con más accionistas en España tiene tres millones, y esos en su mayoría son clase media trabajadora, que han visto cómo su patrimonio vale ahora la mitad que hace unos años. El segundo tiene un millón de accionistas. Si dejamos temblando el sistema financiero, lo pagaremos caro.