El Banco de España cuestiona la ley sobre la vivienda
El Banco de España constata que las condiciones de acceso a la vivienda se han endurecido mucho en los últimos años, con una subida media del 20% de los precios del alquiler, pero que se ha disparado en algunas zonas al 40%. Por ello, aunque reconoce la necesidad de una ley de vivienda que ha puesto un «énfasis correcto» en el aumento de la oferta pública de alquiler, cuestiona otras de las medidas como el control de precios ya que podría generar «efectos indeseados a corto plazo».
En su Informe Anual publicado ayer, el supervisor indica que limitar los precios de los alquileres puede generar problemas de oferta «tanto en cantidad como en calidad» y que «lejos de lograr un abaratamiento de las viviendas arrendadas, se termine dando lugar a mayores niveles de precios». Por ello, exige que se preste atención a las señales que indiquen la aparición de estos efectos adversos para poder «adaptar la normativa» si ocurre.
Durante la presentación, el director de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, reconoció que «no hay ninguna fórmula milagrosa» para resolver los desajustes del mercado de la vivienda debido a «la magnitud de los desequilibrios» y a que todas las propuestas tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
Además, respecto a la medida recién aprobada de avalar a través del ICO el 20% de la vivienda a jóvenes y familias con hijos, Gavilán explicó que el ratio entre cuantía y crédito actual del 80% lo consideran positivo y «prudente», por lo que aumentarlo al 100% supondría volver al nivel de la crisis financiera, con todas las consecuencias que ocasionó.
Pese a todo, el Banco de España hace hincapié en su informe a que los precios tan elevados de los alquileres en comparación con las rentas de los ciudadanos «eleva el riesgo de pobreza de los hogares». De hecho, sus datos apuntan a que cerca del 50% de los hogares españoles que viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social, el índice más alto de toda la UE. «Los precios de la vivienda limitan la capacidad de las familias para consumir o invertir en educación», lamentó Gavilán. Así, mientras que en 2011 el 69% de los menores de 35 años eran propietarios de una vivienda, en 2020 solo eran el 36%, lo que ha generado mayor demanda de alquileres y subida de precios.
La vivienda no es el único ámbito en el que el Banco de España desconfía de las medidas aprobadas por el Gobierno. Sobre las pensiones, el informe indica que el profundo cambio demográfico supondrá en las próximas décadas un notable aumento del gasto en esta partida, lo que hará necesario adoptar nuevas medidas de ingresos a partir de 2025 para reforzar la sostenibilidad financiera.